20 febrero, 2024

Tarifas: San Luis irá a la justicia para defender a comerciantes, industriales y al estado provincial

El Gobierno de San Luis anunció a través de su fiscal de Estado, Eduardo Allende, que irá a la Justicia Federal para que comerciantes e industriales y el Estado provincial, que quedaron fuera del alcance de la decisión del Corte Suprema, no deban afrontar las subas en en la tarifa del gas.

El Gobierno de San Luis anunció a través de su fiscal de Estado, Eduardo Allende, que recurrirá a la Justicia Federal para que comerciantes e industriales y el Estado provincial, como consumidores que quedaron fuera del alcance de la decisión del Corte Suprema, no deban afrontar las subas en en la tarifa del servicio de gas.

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El fiscal adelantó que en la nueva presentación “vamos a plantear que el juez reasuma la competencia respecto de estos otros usuarios que no fueron alcanzados por el fallo de la Corte», y agregó que «la intención es continuar el reclamo judicial respecto de este otro universo de usuarios, porque el alcance de los incrementos afecta directamente a la actividad económica y al empleo».

En declaraciones a la prensa Allende aclaró, sobre la decisión que la Corte hizo pública ayer, que el fallo que suspendió el «tarifazo» en San Luis, «fue absorbido hace quince días por el juicio que llevaba la Cámara Federal de La Plata, que fue el que terminó resolviendo ahora el máximo tribunal».

«Es una buena noticia. La Corte ha declarado directamente la nulidad de todas las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación y del Enargas, que dispusieron el primer aumento de hasta un dos mil por ciento, y los posteriores del 400% para usuarios residenciales y 500% para las industrias».

«Es un revés durísimo para el gobierno nacional, -indicó Allende- porque la Corte fue categórica e hizo un llamado de atención muy grande a la Nación sobre las audiencias que indica la ley».

Finamente destacó que «es un fallo muy importante que hace cumplir la ley sobre el llamado a audiencias públicas y le da entidad al artículo 42 de la Constitución, que garantiza el uso y disfrute de los servicios públicos para toda la comunidad, con precios razonables».