San Luis: un ingeniero denunció una “persecución política” tras quedar afuera de Infraestructura Escolar

Una fuerte polémica se generó en San Luis a partir de la salida de Alejandro Miguel Bilbao, un ingeniero civil que prestaba servicios en la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación provincial. El profesional aseguró que le pidieron la renuncia después de publicar en sus estados de WhatsApp contenidos vinculados con un espacio político diferente al oficialismo y cuestionó el impacto que, según su interpretación, tendrá su salida en la supervisión de los establecimientos educativos.

“Me pidieron la renuncia a inspector de 450 escuelas por manifestar un estado en mi teléfono”, afirmó Bilbao en declaraciones a El Diario de la República.

La versión del ingeniero no fue acompañada, hasta el momento, por una explicación pública del Gobierno provincial que confirme que esa haya sido la causa de su desvinculación.

Qué dice la documentación oficial

El Boletín Oficial de San Luis confirma que Bilbao mantenía un contrato de servicios con el Estado provincial para desempeñarse en la Dirección de Infraestructura Escolar.

El Decreto N° 8305-ME-2026, firmado el 20 de julio, establece que el profesional tenía entre sus funciones la inspección de obras, el visado y control de proyectos y la detección temprana de riesgos y prioridades críticas, incluyendo posibles fallas estructurales y problemas en instalaciones de gas y electricidad. El contrato había sido homologado hasta el 30 de septiembre de 2026.

Ese antecedente oficial confirma además que Bilbao cumplía tareas directamente relacionadas con el control técnico de edificios escolares.

La denuncia de Bilbao

Tras su salida, el ingeniero cuestionó duramente la decisión y sostuvo que el motivo real estuvo relacionado con sus expresiones políticas.

“Por solo dos estados de WhatsApp en mi celular me mandaron a pedir la renuncia”, afirmó.

Bilbao sostuvo que su desplazamiento deja a la estructura de Infraestructura Escolar sin un profesional de su especialidad para supervisar el mantenimiento de los establecimientos que, según sus dichos, estaban bajo su órbita.

“Lamentablemente, los 450 establecimientos educativos ya no tienen un ingeniero civil para su supervisión en los mantenimientos de rutina”, señaló.

El profesional también apuntó contra el gobernador Claudio Poggi y calificó la decisión como una forma de persecución ideológica.

La advertencia sobre las escuelas

Uno de los principales cuestionamientos de Bilbao está relacionado con las consecuencias operativas que atribuye a su salida.

Según explicó, los profesionales que permanecen en el área son principalmente arquitectos y tienen además una importante carga de proyectos y tareas de gabinete. En ese contexto, advirtió que podría resultar difícil abarcar la totalidad de las necesidades de mantenimiento y supervisión de los edificios educativos.

La documentación oficial muestra que la Dirección de Infraestructura Escolar cuenta con distintas áreas y profesionales. En marzo, por ejemplo, el Gobierno provincial había homologado contratos para tareas de inspección de obras, asesoramiento y elaboración de proyectos y pliegos de obra a cargo de otros profesionales.

Por eso, la afirmación de que la salida de Bilbao deja al organismo “sin ningún profesional” capaz de realizar determinadas tareas requiere ser diferenciada de su denuncia personal: lo que sí está acreditado es que Bilbao cumplía funciones específicas de inspección y evaluación de riesgos dentro de la Dirección.

El trasfondo político que denuncia

Bilbao también vinculó su desplazamiento con el escenario político de San Luis y con el proceso de reforma constitucional que atraviesa la provincia.

El ingeniero sostuvo que la discusión adquiere una relevancia particular de cara a 2027, cuando está previsto el proceso electoral de constituyentes al que hizo referencia en sus declaraciones.

“En tiempo de constituyentes debe seguir lo que dice la ley: buscar la pluralidad de pensamientos para poder tener consenso al momento de modificar la Constitución de San Luis”, afirmó.

Sus declaraciones constituyen, en este punto, una valoración política del conflicto y no una conclusión establecida por una autoridad judicial o administrativa.

La obra pública escolar, otro eje de discusión

La controversia se produce mientras el Gobierno provincial reivindica su política de infraestructura educativa.

En una presentación ante la Legislatura, el oficialismo informó que entre enero de 2024 y los primeros meses de 2026 había intervenido 300 edificios educativos, incluyendo refacciones, ampliaciones y nuevas construcciones. Según esos datos oficiales, las obras alcanzaban al 70% del total de edificios educativos de la provincia.

En paralelo, en julio el propio El Diario de la República había informado sobre una inspección técnica realizada por Bilbao en un jardín de San Luis, donde su dictamen había determinado que una estructura con grietas no presentaba, en ese momento, riesgo de derrumbe inmediato.

Ese antecedente permite dimensionar el tipo de tareas que desarrollaba el profesional antes de su salida.

Una salida que abre interrogantes

La controversia queda ahora planteada en dos niveles. Por un lado, la denuncia de Bilbao, quien asegura que fue apartado por expresar públicamente una posición política diferente de la gestión de Poggi. Por otro, el funcionamiento de la Dirección de Infraestructura Escolar y la capacidad que tendrá el organismo para mantener las tareas de inspección y evaluación técnica de los edificios educativos.

Hasta el momento, no aparece en la documentación oficial consultada una resolución que atribuya la finalización del vínculo de Bilbao a sus publicaciones políticas. El último instrumento localizado establece que su contrato se encontraba vigente hasta el 30 de septiembre.

La respuesta del Gobierno provincial será clave para determinar si la salida obedeció a una decisión administrativa, al vencimiento o interrupción del vínculo contractual, o a otro motivo.

Mientras tanto, la denuncia del ingeniero instaló un nuevo foco de tensión política en San Luis y puso bajo discusión el funcionamiento de un área sensible: la supervisión de la infraestructura de cientos de establecimientos educativos.