Reforma constitucional en San Luis: el oficialismo consiguió 30 votos y convirtió el proyecto en ley

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó la ley de necesidad de reforma de la Constitución provincial y habilitó así el proceso para modificar la Carta Magna. El oficialismo y sus aliados necesitaban 29 votos para alcanzar los dos tercios, pero finalmente reunieron 30, luego de que la diputada justicialista Florencia Palacios acompañara el proyecto.

El debate se extendió durante unas tres horas y tuvo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, principalmente por el alcance de la reforma, los límites a las reelecciones y las cláusulas transitorias vinculadas con los actuales mandatos.

La primera intervención estuvo a cargo de Fabiana Zárate, quien destacó algunos de los objetivos planteados por el oficialismo, entre ellos avanzar en materia de “transparencia”, “limitar el ejercicio del poder” y “dotar de mayor institucionalidad” al sistema provincial.

La legisladora también reivindicó aspectos de la Constitución de 1987, entre ellos la incorporación de derechos de tercera generación, garantías procesales y la consagración de la autonomía municipal.

Uno de los principales argumentos de Zárate estuvo relacionado con la alternancia en el poder. Recordó que la Constitución de 1987 estableció la posibilidad de reelecciones indefinidas y que la enmienda de 2006 modificó el esquema para permitir hasta dos mandatos consecutivos.

En ese sentido, defendió el límite de dos mandatos totales incluido en el proyecto de reforma y sostuvo que busca “fortalecer las instituciones, evitar la perpetuidad en el poder y fundamentalmente posibilitar la alternancia”.

“Muchos años y mandatos en el poder lo que produce es la apropiación de los recursos del Estado, mecanismos clientelares que determinan una determinada cultura política en la que los ciudadanos en un punto nos transformamos en súbditos”, afirmó.

Desde la oposición, el presidente del bloque Justicialista, Lucas Caymes, presentó el despacho por minoría y cuestionó el tratamiento de la iniciativa. El diputado calificó el proceso como un “tratamiento exprés” y sostuvo que el proyecto “no acredita la necesidad institucional” necesaria para avanzar.

Caymes también cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados y sostuvo que la oposición tuvo una participación limitada. Según planteó, el trasfondo de la modificación del artículo 147 sería la “proscripción de distintos sectores y de distintos candidatos o posibles candidatos”.

Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido a la extensión de los mandatos de los legisladores electos en 2025, prevista en las cláusulas transitorias del proyecto. El diputado calificó esa modificación como un “premio pagado en 24 cuotas”.

Luego, la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, defendió la iniciativa y rechazó las críticas al trámite legislativo. Calificó al proyecto como “trascendental para la vida política, para la vida institucional, social y hasta le diría para la vida económica” de San Luis.

Gallardo sostuvo que el oficialismo trabajó durante más de cuatro meses y aseguró que la oposición fue convocada a participar de las reuniones de comisión.

La diputada también puso el foco en la alternancia y afirmó que la reforma busca establecer condiciones que “eviten la perdurabilidad en el tiempo de gobernantes”. En relación con la cláusula transitoria que contempla el mandato actual del gobernador Claudio Poggi, sostuvo que “el único proscripto para un tercer mandato es el gobernador Claudio Poggi”.

El proyecto establece que el actual período de Poggi, iniciado en 2023, sea considerado como su primer mandato a los efectos del nuevo régimen de reelección. De esta manera, en caso de aprobarse la nueva Constitución con esa cláusula, el gobernador podría acceder a una sola reelección posterior.

Gallardo también defendió la incorporación de un sistema de ballotage y la renovación total de ambas cámaras cada cuatro años. En su discurso citó además a Alexis de Tocqueville y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para respaldar la necesidad de limitar la permanencia en el poder.

“Decirle no al atornillamiento eterno en el poder y a Dios al retorno perpetuo”, expresó.

Durante el debate, la oposición volvió a cuestionar las cláusulas relacionadas con los mandatos de los actuales y anteriores gobernadores. El diputado Darío Neira planteó dudas sobre la forma en que se contabilizarían los períodos de gobierno anteriores.

“El proyecto habilita a modificar el artículo 147 y establece expresamente que el período 2023-2027 del actual gobernador será considerado como su primer mandato. Sin embargo, no dice con la misma claridad qué ocurrirá con los mandatos ejercidos anteriormente por otros gobernadores”, sostuvo.

El oficialismo respondió que la nueva Constitución regirá hacia adelante y que los exgobernadores Alberto y Adolfo Rodríguez Saá podrían volver a competir por la Gobernación bajo las nuevas reglas, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Otro de los puntos de mayor discusión fue la extensión de los mandatos de los legisladores elegidos en 2025, que pasarían a tener períodos de mayor duración con el objetivo de eliminar las elecciones de medio término.

“Yo espero que los que reclamaron ya tengan redactada la renuncia, sino sería de una deshonestidad intelectual enorme”, respondió el diputado Walter Córdoba, una de las figuras que resultó clave para que el oficialismo alcanzara los dos tercios necesarios.

El oficialismo y sus aliados contaban con 27 legisladores y necesitaban sumar al menos dos votos para aprobar el proyecto. Córdoba y Carlos González D’Alessandro fueron, en ese escenario, dos de los apoyos determinantes.

D’Alessandro, por su parte, se definió como “oposición al Gobierno”, aunque aclaró que no le “disgusta” la reforma impulsada por Poggi. Sin embargo, cuestionó su orientación y sostuvo que no se trata de una Constitución pensada exclusivamente para el futuro.

“No estamos evaluando la corriente migratoria que va a recibir la Argentina, no estamos evaluando la computación cuántica que se va a implementar a partir del 2029, no estamos evaluando la robotización, la domotización y la inteligencia artificial que va a hacer que el trabajo se disocie del empleo. Estamos discutiendo cosas viejas”, afirmó.

Sus dichos sobre su lugar de nacimiento derivaron en otro de los cruces de la jornada. La diputada Silvia Sosa Araujo cuestionó que algunos legisladores que participaron de la discusión no hubieran nacido en San Luis y afirmó: “Quieren cambiar la Constitución personas que no son de San Luis. Claramente dijeron ‘venimos de otro lado’. Por lo menos déjennos opinar a quienes somos de San Luis, queremos San Luis y defendemos San Luis”.

Las expresiones generaron un pedido de sanción por parte del diputado oficialista Carlos Pereira, quien solicitó la aplicación del artículo 136 del reglamento legislativo, que contempla sanciones ante determinadas expresiones consideradas “incultas, indecorosas, agraviantes, injuriosas o improcedentes”.

Finalmente, tras tres horas de debate, la iniciativa fue sometida a votación y consiguió 30 votos, uno más de los 29 necesarios para alcanzar los dos tercios.

El acompañamiento decisivo fue el de Florencia Palacios, diputada del bloque Justicialista, cuyo voto permitió al oficialismo superar el número requerido y convertir en ley la necesidad de reformar la Constitución de San Luis.