Poggi promulgó la ley de reforma constitucional: qué podrá cambiar en San Luis y cómo queda la reelección
Claudio Poggi promulgó la ley que declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución de San Luis. La norma habilita a modificar 23 artículos, incorporar otros 23 y crear cuatro nuevos capítulos. La reforma no está aprobada todavía: los cambios deberán ser debatidos y definidos por una Convención Constituyente de 52 miembros que será elegida en 2027.
El gobernador Claudio Poggi promulgó la Ley Nº XIII-1213-2026, que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de San Luis y habilita la revisión de distintos aspectos centrales de la Carta Magna provincial. El acto se realizó en la réplica del Cabildo de La Punta, apenas dos días después de que la Cámara de Diputados aprobara definitivamente la iniciativa con 30 votos.
La promulgación marca el cierre de la etapa legislativa, pero no significa que la Constitución haya sido reformada.
La ley establece qué artículos y materias podrán ser discutidos por una Convención Constituyente, que estará integrada por 52 miembros. Los convencionales serán elegidos por voto popular junto con las elecciones provinciales de 2027 y tendrán la responsabilidad de definir cuáles de los cambios habilitados finalmente serán incorporados a la Constitución.
Poggi remarcó especialmente esa diferencia durante el acto.
“Es el primer paso, no menos importante”, sostuvo el Gobernador, al explicar que el próximo año los sanluiseños deberán elegir a los integrantes de la Convención para que debatan, “sobre la base de esta ley, la futura Constitución provincial”.
En la misma línea se expresó la diputada Fabiana Zárate, miembro informante del proyecto durante su tratamiento en la Cámara baja. “Es una excelente reforma. Pedido de reforma, en realidad, porque quien la va a reformar es la Convención Constituyente”, aclaró.
Qué podrá cambiar
La declaración de necesidad habilita la discusión de 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro nuevos capítulos.
Los temas alcanzan a los tres poderes del Estado, el régimen electoral, los organismos de control, el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos.
También podrán discutirse cuestiones relacionadas con el agua, la educación y derechos vinculados con las nuevas tecnologías, además de distintos aspectos de la organización institucional de la provincia.
Uno de los puntos políticamente más relevantes es el régimen de reelección del gobernador.
La Convención estará habilitada para establecer un máximo de dos mandatos totales, sean consecutivos o alternados. El esquema sería diferente del sistema vigente, que permite que un gobernador vuelva a competir por el Ejecutivo después de dejar pasar un período.
La ley incorpora además una cláusula transitoria que establece que el actual mandato de Poggi, correspondiente al período 2023-2027, sea computado como su primer período a los efectos de esa nueva limitación.
Esto significa que, si la Convención finalmente incorpora ese esquema, Poggi podría aspirar a una sola reelección.
El punto fue planteado por el propio Gobernador durante el debate legislativo. La cláusula transitoria resulta clave porque la nueva Constitución regiría hacia adelante y, sin una disposición específica, los mandatos anteriores podrían no ser considerados dentro del nuevo límite.
Cambios en la Legislatura y organismos de control
La reforma también habilita modificaciones en el funcionamiento de la Legislatura, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Cuentas, entre otros organismos.
Zárate destacó particularmente tres aspectos de la propuesta: la prohibición de una nueva reelección después de dos períodos, la búsqueda de limitar la discrecionalidad en las ternas vinculantes del Consejo de la Magistratura y una mayor representación de la oposición en el Tribunal de Cuentas.
En este último caso, la iniciativa apunta a garantizar que ese lugar corresponda a la primera minoría.
Para la diputada, esos cambios apuntan a mejorar “la calidad de democracia” y fortalecer la institucionalidad provincial.
La Constitución actualmente vigente fue sancionada en 1987 y posteriormente tuvo modificaciones en 2006 y 2011. “Después de casi 40 años, esta declaración de necesidad responde no solo a motivos históricos, sino también a instituciones que verdaderamente debían ser revisadas”, sostuvo Zárate.
Autonomía para fiscales y defensores
Otro de los ejes de la reforma será la situación de los ministerios públicos.
Actualmente, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa forman parte del Poder Judicial. La ley habilita a la Convención a discutir la autonomía de ambos organismos y modificaciones en sus mecanismos de selección.
La defensora General, Marcela Torres Cappiello, consideró que la posibilidad de debatir esa autonomía constituye uno de los puntos relevantes de la reforma.
También destacó la posibilidad de establecer mecanismos diferenciados para la evaluación de defensores y fiscales, además del sistema de ternas vinculantes.
El procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, coincidió con esa mirada y señaló que la autonomía y autarquía de los ministerios públicos es un objetivo que comparten organismos similares de distintas provincias.
Si la Convención aprueba el cambio, dejarían de integrar el Poder Judicial para convertirse en organismos diferenciados dentro del esquema de administración de justicia provincial.
El respaldo legislativo
La declaración de necesidad necesitaba una mayoría especial de dos tercios de la totalidad de los integrantes de cada Cámara.
En el Senado consiguió exactamente los seis votos necesarios sobre nueve integrantes, mientras que en Diputados obtuvo 30 votos sobre 43, superando el mínimo de 29.
El acompañamiento en Diputados incluyó a Florencia Palacios, integrante del bloque Frente Unidad Justicialista, quien votó a favor de la iniciativa pese a que el resto de esa bancada rechazó el proyecto.
Durante la promulgación, Poggi destacó el respaldo obtenido y felicitó a los 36 legisladores provinciales que acompañaron la declaración de necesidad.
También recordó a la diputada Luciana Perano, fallecida el 5 de julio, cuyo lugar fue posteriormente ocupado por Fabiana Zárate.
La decisión final será en 2027
Con la promulgación, el proceso constitucional entra ahora en una nueva etapa.
El próximo paso será la elección de los 52 convencionales constituyentes, que se realizará en simultáneo con las elecciones provinciales de 2027.
Serán ellos quienes tendrán la última palabra sobre los cambios.
La Convención no estará obligada a aprobar todas las modificaciones habilitadas por la Legislatura, pero tampoco podrá reformar cuestiones que no hayan sido incluidas dentro de la declaración de necesidad.
Eso significa que el debate constitucional recién comienza.
Entre los temas que llegarán a la Convención estarán la organización de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el régimen de reelección, los mecanismos de selección de magistrados, los organismos de control y la autonomía de los ministerios públicos.
También quedará abierta la discusión sobre nuevos derechos y garantías vinculados con el agua, la educación y las nuevas tecnologías.
Poggi cerró el acto defendiendo el alcance de la iniciativa y sostuvo que se trata de una propuesta “muy positiva para San Luis” y para las próximas generaciones. También vinculó los cambios institucionales con la actividad económica al afirmar que una mayor seguridad jurídica puede favorecer la llegada de inversiones y, con ellas, nuevas oportunidades de empleo.
Por ahora, sin embargo, hay una certeza: San Luis no tiene todavía una nueva Constitución. La Legislatura habilitó la discusión y el Gobernador promulgó esa decisión. La definición sobre qué cambios entrarán finalmente en la Carta Magna quedará en manos de la Convención Constituyente que los sanluiseños elegirán en 2027.
