7 septiembre, 2026

Causa El Caburé: un juez revocó la decisión de la Fiscalía y mantuvo a dos querellantes en la investigación

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El juez de Garantía N° 1, Alfredo Cuello, resolvió que Enrique Vaira y Alejandro Ingaramo continúen como querellantes en la causa El Caburé. El magistrado revocó el criterio de la Fiscalía, que había considerado que no tenían legitimación para intervenir como víctimas. La defensa de Ricardo Bazla apeló la decisión.

El juez de Garantía N° 1, Alfredo Cuello, resolvió que Enrique Vaira y Alejandro Ingaramo continúen interviniendo como querellantes en la causa conocida como El Caburé, una investigación en la que se analizan presuntos delitos cometidos en perjuicio de la administración pública.

La decisión del magistrado revocó el criterio que había adoptado previamente el Ministerio Público Fiscal, que había dispuesto apartar a las querellas al considerar que los denunciantes no contaban con legitimación para actuar como víctimas dentro del proceso.

Vaira e Ingaramo, quienes además habían sido los denunciantes que dieron origen a la investigación, se constituyeron como querellantes y actualmente son representados por los abogados Pascual Celdrán y Alejandro Viano.

La controversia fue analizada durante una audiencia realizada este viernes. Allí, Celdrán pidió que se revisara la resolución de la Fiscalía y que sus representados pudieran conservar el carácter de querellantes para continuar realizando planteos y ofreciendo pruebas. El abogado sostuvo que su participación no provocaría ningún perjuicio para el desarrollo de la investigación.

Viano adhirió al planteo y también solicitó que sus representados permanecieran dentro del proceso en calidad de querellantes.

La Fiscalía, representada en la audiencia por Leandro Estrada y Alexis Chavero, defendió la decisión de apartarlos. Los fiscales sostuvieron que Vaira e Ingaramo no tenían legitimación para intervenir porque, según la hipótesis planteada en la investigación, el perjuicio derivado de los hechos analizados tendría como afectada a la administración pública y no a las empresas que representan.

Además, el Ministerio Público Fiscal cuestionó los tiempos y planteó que el pedido de revisión había sido presentado fuera del plazo correspondiente.

La defensa de Ricardo Bazla, ejercida por el abogado Bautista Rivadera, coincidió con la postura de la Fiscalía y pidió que el planteo fuera rechazado. Entre sus argumentos, sostuvo que la presentación había sido realizada de manera extemporánea y mediante una vía procesal que consideró incorrecta.

Rivadera también planteó que las querellas representan intereses privados que, de acuerdo con su interpretación, no estarían vinculados con el perjuicio que se investiga contra la administración pública.

Por su parte, la defensa de Darío Oviedo, a cargo del abogado Gustavo Reviglio, decidió no adoptar una posición sobre la discusión entre las partes.

Tras escuchar los argumentos, el juez Cuello resolvió mantener a Vaira e Ingaramo dentro del proceso como querellantes. El magistrado consideró que existe la posibilidad de que los denunciantes hayan sido víctimas de algún delito y entendió que su participación podría contribuir al esclarecimiento de los hechos.

En ese sentido, destacó la importancia de permitir que puedan intervenir en la investigación, realizar planteos y aportar elementos de prueba que permitan, según expresó, “enriquecer el debate y llegar a la verdad real”.

De esta manera, el juez rechazó el apartamiento dispuesto por la Fiscalía y habilitó a los dos denunciantes a continuar ejerciendo el rol de querellantes durante la investigación.

Sin embargo, la resolución no quedó firme. Luego de conocerse la decisión, Rivadera, en representación de Bazla, presentó un recurso de apelación para cuestionar lo resuelto por el magistrado.

La causa El Caburé se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 y tiene entre sus imputados al exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión Ricardo Bazla y a Darío Oviedo.

Bazla dejó su cargo luego de que se conociera su imputación. Posteriormente, la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión fue eliminada del organigrama del Gobierno provincial.

La resolución conocida este viernes abre así una nueva instancia de discusión dentro de la causa: mientras la Fiscalía y una de las defensas sostienen que el supuesto perjuicio corresponde a la administración pública y cuestionan la legitimación de los querellantes, el juez entendió que no puede descartarse que Vaira e Ingaramo tengan la condición de víctimas y que su intervención pueda resultar útil para el avance de la investigación.

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