La Justicia confirmó la prisión preventiva de Anabela Lucero y otros dos acusados por la causa Molino Fénix

El Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial rechazó los planteos de las defensas de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel y confirmó que los tres continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música.

Las defensas habían solicitado revisar la prisión preventiva y propusieron medidas menos restrictivas. Sin embargo, el tribunal consideró que persisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación. La medida había sido dispuesta originalmente el 24 de agosto y ratificada el 16 de septiembre por el Juzgado de Garantía N°4.

En el caso de Anabela Lucero, exdiputada provincial, la Fiscalía le atribuye junto con Joaquín Beltrán un supuesto rol de organización dentro de la estructura investigada. Los jueces tuvieron en cuenta, entre otros elementos, testimonios sobre su presencia en el complejo, órdenes impartidas, comunicaciones con Beltrán y la utilización del lugar para actividades vinculadas a la política.

Según la resolución, esa posición y su vínculo con trabajadores y contratistas del Molino Fénix mantienen vigente, para el tribunal, el riesgo de influencia sobre testigos y sobre evidencia documental y testimonial que todavía debe incorporarse al expediente.

Respecto de Enzo Lucero, los jueces remarcaron su condición de firmante autorizado de una cuenta del ente, su vinculación con sociedades investigadas y la existencia de una pericia pendiente sobre uno de sus dispositivos. En cuanto a Exequiel Scarel, la evaluación se concentró especialmente en la evidencia informática y en su presunta capacidad para administrar credenciales, modificar contraseñas y acceder a información digital.

La prisión preventiva tiene un plazo de 60 días, fijado inicialmente por el juez de Garantía. Entre las medidas de prueba pendientes figuran pericias informáticas y contables, entrevistas a posibles receptores de cheques y el levantamiento de secretos fiscal, bancario y bursátil. El Colegio de Jueces advirtió que, si esa prueba no estuviera producida al vencimiento del plazo, “la demora deberá ser justificada por el Ministerio Público Fiscal”.

La resolución también dispuso que el Servicio Penitenciario garantice la atención médica de Anabela Lucero e informe sobre su estado de salud y tratamiento. En el caso de Scarel, ordenó establecer un régimen de contacto con su hijo menor mediante videollamadas o visitas en condiciones especiales.

Mientras tanto, la investigación sumó nuevos movimientos. Diego Torres fue detenido el 23 de septiembre, luego de que la Fiscalía solicitara una medida de coerción más gravosa a partir de nuevos elementos incorporados al expediente. Su situación procesal quedó vinculada a acusaciones por fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y destrucción u ocultamiento de elementos de prueba.

También Cristian Hedel Becher Domingo quedó con prisión preventiva por 60 días, tras la ratificación de cargos por asociación ilícita y administración fraudulenta como presunto partícipe necesario. Su defensa pidió prisión domiciliaria, cuyo tratamiento fue fijado para el 30 de septiembre.

En paralelo, la situación del diputado provincial Joaquín Beltrán continúa condicionada por sus fueros. La Cámara de Diputados de San Luis rechazó el desafuero solicitado por la Fiscalía: el pedido obtuvo 28 votos a favor y 9 en contra, pero necesitaba 29 votos para alcanzar los dos tercios de la totalidad del cuerpo.

Con estas últimas decisiones, la causa ya tiene seis imputados y continúa con la producción de pruebas sobre presuntas maniobras vinculadas con la administración del complejo. Lucero, Enzo Lucero y Scarel seguirán detenidos mientras avanza esa etapa de la investigación, al igual que los demás imputados que tienen medidas de coerción vigentes.