Imputaron a Viviana Moreyra, esposa de Sergio Freixes, en dos causas por fondos públicos

La Justicia formuló cargos contra Viviana Moreyra, esposa del dirigente peronista Sergio Freixes, en el marco de dos investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública. Las acusaciones incluyen asociación ilícita, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude y peculado.

Las audiencias se realizaron este martes en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini. La magistrada admitió los cargos formulados por las fiscalías en ambas investigaciones, aunque las situaciones procesales de Moreyra fueron diferentes en cada expediente.

En la primera causa, la Fiscalía de Instrucción Nº 1 le atribuyó los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. La investigación está relacionada con el manejo de fondos vinculados con la comunidad Ranquel.

Según la acusación fiscal, Moreyra habría integrado una asociación destinada a cometer hechos ilícitos y cuya actividad, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, se habría extendido en el tiempo.

Entre las maniobras bajo investigación aparece el otorgamiento de un poder a otro de los imputados para operar una cuenta bancaria vinculada con la comunidad Ranquel.

La Fiscalía también sostuvo que Moreyra pertenecía a una firma de la que procedían fondos y desde la cual se emitía documentación relacionada con gastos y egresos. De acuerdo con la acusación, se habrían registrado facturaciones por servicios indebidos o duplicados en el manejo de fondos públicos municipales y coparticipables.

La investigación también detectó, según la Fiscalía, pagos duplicados y movimientos de dinero que habrían generado beneficios personales y que excederían actividades vinculadas con el sector agropecuario.

Para respaldar la formulación de cargos, los fiscales mencionaron informes contables, pericias sobre libros, análisis de movimientos bancarios y documentación relacionada con cesiones de derechos, poderes y contratos.

La Fiscalía de Estado acompañó la acusación y planteó que habría existido una participación fraudulenta sostenida en el tiempo, además de responsabilidades individuales y colectivas entre las personas investigadas.

La defensa, en cambio, cuestionó la imputación y sostuvo que Moreyra no administraba la sociedad involucrada y que tampoco tenía la condición de funcionaria pública.

La jueza admitió finalmente los cargos y dispuso que Moreyra no pueda salir del país durante cuatro meses sin autorización judicial. La medida había sido solicitada por la acusación y no fue objetada por la defensa.

La segunda investigación está vinculada con la actuación de Moreyra como exintendenta comisionada de Nueva Galia, cargo que ejerció entre 2001 y 2015.

En este expediente, la Fiscalía de Instrucción Nº 3 le atribuyó haber omitido la presentación de balances trimestrales y de la documentación respaldatoria correspondiente a gastos realizados con fondos públicos asignados a la comuna.

Por esos hechos, la acusación incluyó los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel y peculado.

La querella adhirió a la acusación fiscal.

Durante la audiencia, la defensa planteó una excepción por falta de acción basada en la prescripción de los hechos investigados. La jueza rechazó ese planteo y posteriormente admitió los cargos contra Moreyra en los términos solicitados por la Fiscalía.

A diferencia de la primera causa, en este expediente no se solicitaron medidas de coerción contra la imputada. La defensa, además, presentó un recurso de apelación.

En las audiencias participaron los fiscales Maximiliano Bazla y Nayla Cabrera Muñoz, por la primera investigación, y Andrea Court, por la segunda. La defensa estuvo a cargo de Pascual Celdrán y Gustavo Reviglio, respectivamente. También intervino el abogado Valentín Rivadera y, por la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila.

La formulación de cargos marca el avance de ambas investigaciones, pero no implica una declaración de culpabilidad. Los expedientes continuarán su trámite judicial y las acusaciones deberán ser sostenidas y eventualmente discutidas en las distintas etapas del proceso.