Imputaron a autoridades de GEPU por administración fraudulenta
La Justicia imputó al presidente de GEPU y a otros tres familiares por administración fraudulenta y hurto simple. La causa investiga un presunto desvío de fondos del club por unos 80 millones de pesos entre 2023 y 2025.
La jueza de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, imputó al presidente del Club GEPU, Néstor Hugo Páez, a su esposa y tesorera María Alejandra Ferrari, a su hija Florencia Páez Ferrari y a su yerno Ángel Federico Miranda Delicia por los delitos de administración fraudulenta y hurto simple, ambos en concurso real.
La resolución se dio en el marco de una audiencia de formulación de cargos que se reanudó este martes, tras un cuarto intermedio dispuesto la semana pasada para definir la competencia del tribunal y precisar el período investigado.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2, las maniobras habrían ocurrido entre octubre de 2023 y octubre de 2025, con un presunto desvío de fondos provenientes de cuotas sociales, alquileres de canchas y otros ingresos del club y de la Escuela Generativa GEPU.
Según esa hipótesis, los fondos habrían sido transferidos a cuentas ajenas a la institución y luego utilizados para gastos personales. Además, la fiscalía incorporó el presunto desvío de recursos vinculados a la maratón por el centenario del club, realizada en junio de 2025, con un perjuicio estimado en unos 80 millones de pesos.
También se investigan posibles irregularidades en el manejo de materiales de construcción destinados a la escuela, que habrían sido trasladados a un domicilio particular y facturados a nombre del club.
La querella adhirió a la acusación fiscal, aunque pidió sumar los delitos de estafa y asociación ilícita, al considerar que existió un engaño sistemático a socios y aportantes y una estructura organizada para cometer delitos.
Las defensas, en tanto, rechazaron las imputaciones y sostuvieron que el conflicto tiene origen en disputas internas del club. Argumentaron que las actuales denuncias responden a diferencias políticas e institucionales surgidas tras las últimas elecciones y señalaron que varios de los denunciantes también integraron la conducción en períodos anteriores.
Durante la audiencia, la jueza consideró que una administración desordenada no constituye por sí sola un delito, aunque remarcó que los elementos presentados por la fiscalía resultan suficientes para avanzar en la investigación.
En su resolución, descartó la figura de estafa por falta de individualización de hechos concretos y rechazó también la asociación ilícita, al no advertirse una estructura criminal organizada con roles definidos.
Respecto del hurto, sostuvo que existen indicios mínimos que justifican la continuidad de la investigación penal.
Finalmente, la magistrada rechazó el pedido de prisión preventiva y la prohibición de acercamiento al club, al no advertir riesgos procesales. Como medidas cautelares, ordenó la prohibición de salida de la provincia por cuatro meses para los imputados y la obligación de comparecer mensualmente ante la fiscalía para firmar el libro de imputados.
