Exintendenta de Fraga, imputada por presunto fraude millonario

La Justicia imputó a la exintendenta de Fraga, Antonella Gil Rosino, en el marco de una investigación por presunto peculado, falsificación de documentos y uso de documentación falsa. La decisión fue tomada por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tras la formulación de cargos presentada por la Fiscalía de Instrucción N° 6.

Según la acusación, la exfuncionaria habría encabezado una maniobra destinada a desviar fondos públicos durante el tercer y cuarto trimestre de 2022, utilizando su rol como máxima autoridad municipal para administrar recursos del Estado.

La fiscal Linda Maluf sostuvo que, en ese período, se habrían confeccionado alrededor de 37 documentos apócrifos —entre tickets y facturas— que luego eran incorporados a las rendiciones de cuentas ante el Tribunal de Cuentas para justificar gastos inexistentes.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la detección de un ingreso de $2.300.000 correspondiente a un cheque emitido a favor del municipio, cuyo dinero no figura registrado en el libro de caja. Para la fiscalía, se trata de fondos que habrían sido desviados.

En términos globales, el Ministerio Público Fiscal estimó un perjuicio económico cercano a los $19,5 millones, sumando los supuestos desvíos detectados en ambos trimestres investigados.

Maluf también afirmó que los comprobantes cuestionados eran utilizados para simular compras de bienes y servicios, y remarcó que no se encontraron respaldos válidos ni registros de pagos a los supuestos proveedores. Según indicó, ninguno de ellos reconoció haber emitido facturas o tickets.

La investigación se inició a partir de auditorías del Tribunal de Cuentas, donde se detectaron inconsistencias en los balances municipales. A partir de allí, se constató además la falta de documentación respaldatoria, licitaciones y guías de traslado en supuestas compras de materiales y otros insumos.

Entre las medidas dispuestas, la Justicia ordenó que la imputada deba comparecer mensualmente para firmar el libro de imputados, la prohibición de salir de la provincia por 120 días y la inhibición general de bienes por 180 días, con el objetivo de resguardar el patrimonio ante una eventual condena.

La defensa, encabezada por el abogado Gustavo Reviglio, cuestionó la formulación de cargos y sostuvo que las observaciones del Tribunal de Cuentas aún no están firmes. Además, pidió la nulidad del proceso, planteó que no existió delito y argumentó que el manejo de fondos en efectivo es habitual en municipios pequeños como Fraga.

Sin embargo, la jueza Banó rechazó los planteos de nulidad y dio por formalizada la investigación penal preparatoria, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar en la causa.