El cartel que le costó un sumario a una maestra de Villa Mercedes con sueldo 20% bajo la pobreza
La maestra Mabel Becerra mostró un cartel con la frase «Somos indigentes» frente al gobernador Poggi durante un acto oficial y recibió una sanción formal. ASDE denunció persecución gremial, pidió la nulidad del acta y advirtió que la medida busca amedrentar al resto del cuerpo docente. Sus números lo respaldan: su sueldo está más de un 20% por debajo de la línea de pobreza.
La Asociación Sanluiseña de Docentes del Estado (ASDE) intervino formalmente ante las autoridades de la Escuela N° 176 «Maestra Nélida E. Pérez de Ferrer» de Villa Mercedes para exigir la revocación de la sanción impuesta a la docente Mabel Becerra, quien fue notificada de un «Llamado de Atención» el 6 de junio tras mostrar un cartel con la frase «Somos indigentes» frente al gobernador Claudio Poggi durante el desfile por el Día de los Jardines de Infantes.
El sindicato, a través de su secretario general Diego Scriboni, adhirió al recurso de revocatoria presentado por la maestra y calificó la medida como una expresión de «persecución gremial y laboral».
Scriboni señaló que el trasfondo de la sanción busca generar autocensura dentro del cuerpo docente para evitar futuras protestas, e instó a los trabajadores a no ceder ante las presiones del Ejecutivo provincial.
ASDE argumentó que la sanción «carece de tipicidad en el Estatuto del Docente» y que viola el debido proceso al haberse omitido el derecho de defensa de la trabajadora, configurando una nulidad absoluta e insanable del acta. El gremio también advirtió que la medida constituye una práctica desleal según la normativa nacional de Asociaciones Sindicales.
Becerra explicó que exhibió el cartel durante apenas unos segundos y que los niños que tenía a cargo quedaron al cuidado de una compañera. «Saqué el cartel, el gobernador lo leyó y lo guardé. No le dirigí una palabra. El cartel decía todo: ‘Somos indigentes'», afirmó.
Los números que motivaron la protesta son concretos. En enero de 2026, la docente percibió poco más de un millón de pesos, cuando el costo de la canasta básica se acercaba a $1.400.000. En abril, su salario alcanzó los $1.246.037, mientras que la canasta básica total se ubicó en $1.469.768, dejando una diferencia negativa de más de $218.000.
Becerra sostuvo que su salario está más de un 20% por debajo de la línea de pobreza y que ha perdido cerca de 7 millones de pesos en poder adquisitivo en dos años y medio.
El conflicto se inscribe en un marco de tensión gremial sostenida. El Frente Gremial Docente —integrado por UDA, UTEP SL, AMET, ASDE y SADOP— había rechazado en mayo el decreto N° 3864-MHIP-2026, que establece un adicional por presentismo denominado «Enseñanza en aula», y exigió la apertura de una mesa paritaria integral para discutir salarios y condiciones de trabajo.
Para el secretario general de UTEP, Carlos Peralta, la sanción a Becerra es un mecanismo de disciplinamiento: «Buscan dar un ejemplo de que si protestás, recibís una sanción».
La propia docente, próxima a jubilarse, descartó que la acción haya afectado a sus alumnos y rechazó las acusaciones de la conducción escolar, que alegaron desatención del Nivel Inicial. «Nadie, sin importar el cargo que ocupe, puede decirnos cómo, dónde y cuándo ejercer nuestros derechos constitucionales», remarcó Becerra, quien advirtió que lo ocurrido no es un caso aislado sino una realidad extendida entre los trabajadores de la educación puntana.
