Diputados analizan cambios para agilizar las causas penales en San Luis
La Cámara de Diputados de San Luis analiza una reforma que propone que un mismo fiscal investigue y lleve cada causa penal a juicio. El proyecto también prevé cambios en el Ministerio Público de la Defensa y el traspaso del Registro de Huellas Genéticas a la Procuración General. Podría llegar al recinto la próxima semana.

La Cámara de Diputados de San Luis avanza en el análisis de un proyecto de reforma judicial que busca modificar el funcionamiento de las fiscalías, reorganizar funciones dentro del Ministerio Público y transferir la autoridad de aplicación del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas a la Procuración General de la Provincia. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y podría tratarse en el recinto la próxima semana.
El estado del proyecto fue informado por los diputados Fabiana Zárate y Cristian Gurruchaga tras una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que participaron representantes de los principales organismos judiciales. Durante el encuentro, los funcionarios respondieron consultas sobre la reestructuración de cargos, las tareas de fiscales y defensores y los cambios previstos para el registro genético.
Entre los asistentes estuvieron los ministros del Superior Tribunal de Justicia Carolina Monte Riso y Víctor Endeiza, la defensora general Marcela Torres Cappiello y el procurador general Sebastián Cadelago Filippi. Según los legisladores, la reunión permitió profundizar el análisis técnico de la propuesta, aunque no concluyó con un despacho de comisión.
Gurruchaga señaló que la intención es continuar el tratamiento para que el proyecto pueda llegar al recinto la semana próxima. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo y obtuvo media sanción en el Senado sin modificaciones, de acuerdo con lo expuesto por los diputados.
Un mismo fiscal podría investigar y llevar la causa a juicio
Uno de los cambios centrales apunta a reducir la fragmentación de las investigaciones penales. En el sistema actual, las tareas suelen dividirse entre un fiscal de instrucción, que reúne pruebas e investiga, y otro fiscal que interviene durante el juicio oral.
Gurruchaga sostuvo que ese esquema puede generar dificultades cuando, al recibir el expediente, el fiscal de juicio advierte que faltan pruebas o medidas que podrían haber sido relevantes durante la investigación.
La reforma propone que el fiscal que inicia la investigación sea también quien lleve adelante la acusación durante el juicio, para que una misma persona conozca el caso desde el comienzo hasta su resolución. El objetivo, según los impulsores, es mejorar la continuidad del trabajo y evitar inconvenientes derivados del traspaso de expedientes.
La propuesta también contempla una organización similar para el Ministerio Público de la Defensa: el defensor que asuma una causa continuaría a cargo durante la etapa de juicio. Además, prevé la designación de fiscales coordinadores para las tres circunscripciones judiciales de la provincia, incluida la segunda, con sede en Villa Mercedes.
El Registro de Huellas Genéticas pasaría a la Procuración General
Otro de los ejes del proyecto es el cambio de autoridad de aplicación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. La iniciativa propone que deje de depender del Superior Tribunal de Justicia y pase a la órbita de la Procuración General.
Zárate explicó que el cambio responde a una cuestión operativa: los fiscales son quienes recogen y utilizan pruebas durante las investigaciones penales, por lo que, según los fundamentos expuestos durante la reunión, la administración del registro estaría mejor articulada bajo la Procuración.
La legisladora mencionó como referencias las experiencias de Mendoza y La Pampa, donde existen sistemas vinculados con el análisis y la utilización de perfiles genéticos en investigaciones judiciales.
Buscan agilizar los procesos judiciales
Los dos diputados valoraron positivamente los objetivos de la reforma, aunque reconocieron que su aplicación requerirá una etapa de adaptación y capacitación para los funcionarios involucrados.
Gurruchaga consideró que la continuidad de un mismo fiscal durante la investigación y el juicio podría reducir demoras y facilitar el seguimiento de cada expediente. No obstante, el impacto concreto dependerá de la implementación del nuevo esquema y de los recursos disponibles.
“Detrás de los expedientes hay personas que necesitan resolver su situación”, señaló el legislador, al referirse tanto a quienes enfrentan acusaciones penales como a las víctimas que esperan una respuesta judicial.
El proyecto continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados. Si se concreta el tratamiento previsto para la próxima semana, los legisladores deberán debatir la propuesta antes de definir su aprobación definitiva.
