Dictaron prisión preventiva por el crimen de Fernando Gil en San Luis
La Justicia de San Luis dictó este lunes prisión preventiva por 90 días para tres de los acusados por el homicidio de Fernando Gil y dispuso arresto domiciliario para la adolescente imputada como partícipe secundaria del hecho.
La resolución fue tomada por la jueza de Garantía N°2, Agustina Dopazo, luego de analizar el pedido presentado por la Fiscalía de Instrucción N°4 tras cumplirse la prórroga de ocho días solicitada por la defensa.
De esta manera, Walter Daniel Agüero, Damián Emanuel Agüero y Leonardo Alberto Agüero continuarán detenidos en el Servicio Penitenciario, imputados por homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
En tanto, Rosa Noemí Giménez recibió prisión domiciliaria y permanecerá bajo controles semanales del Instituto de Reinserción Social. La magistrada consideró su situación de vulnerabilidad y una discapacidad intelectual leve acreditada durante el expediente.
La Fiscalía, representada por Javier Amitrano y Antonella Romagnoli, había solicitado 120 días de prisión preventiva para los cuatro imputados, aunque finalmente la jueza redujo el plazo a 90 días.
Durante la audiencia, la defensa técnica de los acusados, encabezada por Ricardo Gutiérrez Esley y Adriana Gargiulo, cuestionó la solidez de la investigación y sostuvo que no existían riesgos procesales suficientes para justificar las medidas cautelares.
Sin embargo, Dopazo consideró acreditados, en esta etapa inicial, riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. Entre sus fundamentos mencionó la gravedad de la imputación, la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo y la existencia de pruebas pendientes de producción.
La jueza también valoró indicios de presuntas maniobras de ocultamiento posteriores al hecho, como llamados al 911 con versiones contradictorias, el borrado de mensajes y la necesidad de resguardar a testigos que manifestaron temor.
La investigación reconstruyó las últimas horas de Fernando Gil a partir de la noche del 2 de abril de 2026. Según la hipótesis fiscal, la víctima había compartido una reunión social en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 146 y, cerca de las 5:24 de la madrugada siguiente, pidió un Uber para regresar a su casa.
La acusación sostiene que Gil se habría desorientado y terminó ingresando al predio donde residía la familia Agüero.
De acuerdo con la teoría del caso, los tres acusados lo sorprendieron dentro del terreno, creyeron que intentaba cometer un robo y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.
La Fiscalía sostiene además que posteriormente fue arrojado a un pozo de agua de aproximadamente cuatro metros de profundidad, donde murió ahogado.
El cuerpo de Gil fue hallado tres días después por trabajadores de una cantera ubicada dentro del predio.
La causa incorporó registros de cámaras de seguridad, análisis de teléfonos celulares, mensajes recuperados, pericias toxicológicas y búsquedas en internet que, según los investigadores, refuerzan la hipótesis acusatoria.
En la audiencia también participaron la querella, representada por la abogada Soledad Poma de Otaegui, y Sebastián Privitera, de la Defensoría de Niñez e Incapaces N°1, quien intervino en representación de Giménez.
