La Comisión de Intervención de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Luis denunció que la institución no rindió más de $87 millones en subsidios nacionales recibidos entre 2020 y 2023. La presentación penal alcanza a los ex presidentes Damián Gómez y Nelson Gómez.
El anuncio fue realizado este lunes en conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, donde se detalló que la denuncia fue radicada por presunta administración fraudulenta.
Una institución en estado crítico
Roxana Díaz, interventora de la Federación, describió un panorama preocupante al asumir el cargo: infraestructura abandonada, servicios básicos como luz y gas cortados y mobiliario deteriorado.
Además, advirtió sobre irregularidades en el parque automotor, entre ellas la desaparición de un vehículo que había sido dado de baja como destrucción total, del cual no se encontró ni rastro físico ni documentación respaldatoria.
Subsidios no rendidos
Según explicó Díaz, tras un relevamiento realizado junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, se constató que la Federación recibió subsidios en 2020, 2021, 2022 y 2023 por un total de $87.304.425,61, destinados a funcionamiento y capacitación.
Sin embargo, ninguno de esos fondos fue rendido ante el organismo nacional.
La documentación faltante
Del total de gastos presentados por el contador de la entidad, solo se pudo validar documentación por $27.196.216,96. Otros $2.705.970,07 corresponden a comprobantes sin validez fiscal, mientras que para un monto de $22.914.220,01 no existe ningún tipo de respaldo documental.
La interventora indicó además que, debido a cambios en los sistemas administrativos, el Ministerio de Seguridad de la Nación ya no acepta rendiciones en formato papel, por lo que la deuda deberá ser reintegrada en efectivo.
La denuncia penal
El abogado Emiliano Vera, asesor letrado de la Comisión, informó que la denuncia fue presentada ante la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial por el delito de administración fraudulenta, aunque no se descarta que la calificación pueda ampliarse a medida que avance la investigación.
En los próximos días, se prevé que se convoque a los denunciantes para ratificar la presentación y aportar la documentación reunida durante la intervención.
“Es urgente normalizar la Federación”
Por su parte, Sosa remarcó la necesidad de regularizar la situación institucional, ya que el actual estado impide acceder a nuevos subsidios nacionales que, a valores actuales, rondarían los $400 millones.
“Si ustedes piensan, con 200 millones de la capacitación podríamos tener un gran grupo de nuestros bomberos voluntarios capacitándose en el exterior tranquilamente. Y podrían estar equipados con mucho material o vehículos para la operatividad”, expresó.
Como próximo paso, la Comisión de Intervención solicitará una audiencia al Ministerio de Seguridad de la Nación para definir un plan de regularización que incluirá la devolución de los fondos adeudados.
