Caso Cerhu: liberaron a la madre del acusado de apuñalar a un joven, pero no podrá acercarse a la víctima ni salir de San Luis
Gladys Galván Medero, imputada en la causa por el violento episodio ocurrido en la clínica Cerhu y otros hechos, recuperó la libertad tras una decisión del Tribunal de Impugnaciones N° 2. No podrá salir de San Luis ni acercarse a la víctima y a su nieto durante cuatro meses, mientras que su hijo, Abel Torres, acusado entre otros delitos de tentativa de homicidio, continuará detenido.
La Justicia de San Luis resolvió liberar a Gladys Galván Medero, la mujer de 62 años que se encontraba con prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el violento episodio ocurrido en la clínica Cerhu y otros hechos denunciados en un contexto de violencia de género.
Sin embargo, su recuperación de la libertad estará sujeta a estrictas condiciones.
El Tribunal de Impugnaciones N° 2 dispuso que Galván Medero no podrá salir del territorio provincial ni acercarse o mantener contacto con Yanina Quinteros y su nieto. Además, deberá firmar el libro de control entre los días 1 y 10 de cada mes.
Las medidas tendrán una vigencia de cuatro meses.
La resolución modificó únicamente la situación de la mujer. Su hijo, Abel Alberto Torres, de 28 años, continuará detenido mientras avanza la investigación en la que enfrenta, entre otros cargos, una acusación por homicidio en grado de tentativa.
El Tribunal diferenció la situación de madre e hijo
Galván Medero se encontraba detenida en el Servicio Penitenciario Provincial junto a su hijo, luego de que inicialmente ambos recibieran 120 días de prisión preventiva.
La mujer está imputada por incumplimiento de una orden judicial, daños, amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y hurto simple en grado de tentativa.
Durante la audiencia de revisión, la defensa cuestionó la medida y sostuvo que la Fiscalía había realizado una valoración conjunta de la conducta de madre e hijo sin diferenciar suficientemente la situación de cada uno.
Ese fue uno de los puntos centrales analizados por el Tribunal de Impugnaciones.
Los jueces Ariel Parrillis, Adriana Lucero Alfonso y Eugenia Zabala Chacur consideraron que no existían elementos de convicción suficientes para mantener una medida cautelar de la gravedad de la prisión preventiva contra Galván Medero.
Según el criterio del Tribunal, en el análisis del caso se había producido una extensión hacia la mujer de hechos que fueron atribuidos específicamente a su hijo.
El debate entre la Fiscalía y la defensa
La fiscal adjunta Antonella Romagnoli había pedido que la mujer continuara detenida.
La representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que la prisión preventiva no se había fundamentado en un eventual peligro de fuga, ya que Galván Medero se había presentado ante el proceso.
Sin embargo, sostuvo que existía un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación.
La Fiscalía argumentó que aún restaban realizar entrevistas y que, en libertad, la imputada podría eventualmente influir sobre testimonios o afectar a las víctimas. También recordó que anteriormente se habían dispuesto medidas menos gravosas que, según la acusación, no habrían sido cumplidas.
La defensa, en cambio, sostuvo que no existían riesgos procesales concretos que justificaran mantenerla en prisión. Los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio destacaron el arraigo, el trabajo y la contención familiar de la imputada y plantearon que podían aplicarse restricciones menos severas.
Por qué ordenaron su libertad
Al resolver, el Tribunal consideró que no estaba acreditado de manera concreta que Galván Medero pudiera amedrentar o influir sobre los testigos que todavía deben declarar.
Los magistrados también remarcaron un principio central del proceso penal: una persona imputada debe transitar el proceso en libertad, salvo que existan riesgos procesales concretos que justifiquen una medida excepcional como la prisión preventiva.
En ese sentido, entendieron que no habían sido valorados adecuadamente el arraigo, el trabajo y el entorno familiar de la mujer.
Por eso, decidieron reemplazar el encierro preventivo por una serie de medidas destinadas a garantizar su sometimiento a la investigación.
El violento episodio que conmocionó a la clínica Cerhu
La causa tiene como episodio de mayor gravedad el ataque ocurrido el 9 de agosto en la clínica privada Cerhu, de la ciudad de San Luis.
Según la teoría del caso de la Fiscalía, Abel Torres y su madre ingresaron al establecimiento y se dirigieron a una habitación donde se encontraba internado el hijo del acusado junto a su madre.
La acusación sostiene que Torres habría amenazado a un hombre que acompañaba a su expareja y lo habría obligado a retirarse de la habitación. Luego, siempre según la hipótesis fiscal, se produjo una agresión contra la mujer.
Posteriormente, la Fiscalía atribuyó a madre e hijo un intento de apoderarse del teléfono celular de la damnificada.
La secuencia continuó en otro sector de la clínica, donde Torres habría atacado a Tiziano Monsalva con un elemento cortopunzante, provocándole una herida en la zona subcostal izquierda.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Carrillo. Durante las audiencias iniciales, la Fiscalía informó que permanecía en estado crítico y con varios órganos comprometidos. Estos hechos forman parte de la acusación fiscal y continúan bajo investigación.
Una causa que reúne cinco hechos
La investigación no se limita al episodio de la clínica.
La Fiscalía acumuló otros hechos ocurridos entre octubre de 2025 y agosto de 2026, vinculados a presuntos incumplimientos de órdenes judiciales, amenazas, daños y agresiones en el marco de un conflicto previo.
Entre los episodios incorporados se encuentra una denuncia por el supuesto ingreso de Torres y Galván Medero al domicilio de la expareja del hombre pese a una restricción vigente.
También se investigan otros presuntos incumplimientos de esa medida judicial y un episodio ocurrido en junio de este año, cuando, según la acusación, la mujer habría sufrido una agresión dentro de la vivienda de Torres.
En ese hecho, la Fiscalía atribuyó a Galván Medero haber cerrado las puertas del inmueble mientras se producía la agresión. La mujer logró pedir ayuda y posteriormente se constataron lesiones, de acuerdo con la información expuesta durante la audiencia de formulación de cargos.
Por ahora, la causa continuará con dos situaciones procesales diferentes: Galván Medero seguirá imputada, pero en libertad y bajo restricciones, mientras que su hijo continuará detenido.
La decisión del Tribunal no implica el cierre de la investigación ni resuelve el fondo de las acusaciones. El expediente seguirá avanzando mientras la Justicia determina las responsabilidades que pudieran corresponder por los distintos hechos investigados.
