San Luis adapta su sistema penal juvenil a partir de los 14 años

El Gobierno de San Luis puso en marcha una serie de medidas para adaptar el sistema provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. El gobernador Claudio Poggi firmó el proyecto para adecuar el procedimiento judicial, anunció la refacción de tres centros de atención y autorizó la compra de seis vehículos para el traslado de adolescentes. Además, anticipó la construcción de un instituto de alojamiento juvenil para 2027.

Las medidas se definieron durante un plenario que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con autoridades de los ministerios públicos, jueces especializados y funcionarios de Seguridad y Desarrollo Humano.

El objetivo es adecuar las normas procesales y preparar la infraestructura y los equipos profesionales para aplicar la Ley Nacional 27.801 en la provincia. El paquete anunciado contempla una inversión provincial cercana a los $600 millones.

Poggi destacó la necesidad de coordinar el trabajo entre los distintos organismos estatales, sin afectar la independencia de cada poder. También remarcó que la implementación del nuevo régimen requiere planificación y capacitación para garantizar una respuesta adecuada.

La diputada provincial Fabiana Zárate reconoció que existen distintas posiciones sobre la reducción de la edad de imputabilidad, pero sostuvo que, al estar vigente la ley nacional, la provincia debe adecuar su normativa procesal. También destacó la inversión en prevención, infraestructura y formación de recursos humanos.

Qué cambiará en el proceso penal juvenil

El proyecto firmado por Poggi busca establecer cómo se aplicará el régimen nacional en San Luis. Entre sus objetivos figuran garantizar el derecho a la defensa, asegurar que los adolescentes comprendan el proceso judicial y establecer procedimientos claros para determinar responsabilidades y proteger a las víctimas.

El procurador general, Eduardo Cadelago Filippi, señaló que la nueva legislación no se limita a fijar la edad de responsabilidad penal, sino que también establece derechos, plazos y principios para el tratamiento de los casos. El Ministerio Público Fiscal ya elaboró un protocolo para orientar la actuación de los fiscales.

Desde el Ministerio Público de la Defensa, Marcela Torres Cappiello subrayó que los adolescentes que no cuenten con un abogado particular deberán tener defensa técnica. También destacó la importancia de considerar su etapa de desarrollo cognitivo y garantizar la intervención de las defensorías especializadas en niñez.

La jueza María Antonela Panero sostuvo que el nuevo enfoque debe reconocer a los adolescentes como sujetos de derechos y no solamente como destinatarios de medidas de protección.

En la misma línea, la jueza penal juvenil Daniela Benenatti explicó que la privación de la libertad no debe ser la respuesta automática ante un delito. Según indicó, la legislación contempla medidas alternativas a la prisión preventiva, que debe quedar reservada para situaciones excepcionales.

La secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, explicó que la iniciativa provincial apunta a establecer un procedimiento adaptado a la realidad de los adolescentes, con garantías procesales y medidas adecuadas a cada caso.

Refaccionarán tres centros y comprarán seis vehículos

Una de las principales medidas anunciadas es la refacción de los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) ubicados en San Luis, Villa Mercedes y Concarán.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, explicó que los trabajos contemplan transformar los actuales calabozos en habitaciones y acondicionar espacios para la atención de profesionales y equipos técnicos de Desarrollo Humano, incluidos trabajadores sociales y psicólogos.

Además, la Provincia iniciará el proceso de compra de seis vehículos no identificables destinados a las distintas bases de los CANAF, en San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, San Francisco-Quines y Villa de Merlo.

Según detalló Seguridad, las unidades contarán con vidrios antivandálicos y sistemas de monitoreo y posicionamiento conectados con el despacho policial del 911. Serán utilizadas para los traslados de adolescentes que disponga la Justicia.

Poggi señaló que las medidas firmadas representan una inversión provincial aproximada de $600 millones. También mencionó una partida nacional de $23.000 millones destinada a convenios con las provincias y estimó que a San Luis podrían corresponderle unos $230 millones.

Un instituto de alojamiento juvenil previsto para 2027

El plan provincial incluye la construcción de un Instituto Penal de Alojamiento Juvenil durante 2027. El establecimiento se proyecta dentro de un sector del Servicio Penitenciario Provincial, pero tendrá ingreso independiente y condiciones específicas para adolescentes.

Sosa sostuvo que la provincia necesita contar con un espacio adecuado para alojar a jóvenes alcanzados por el régimen, sin recurrir a derivaciones a otras jurisdicciones. La funcionaria aclaró que la iniciativa debe entenderse como parte de la adaptación institucional y no como una política centrada exclusivamente en el encierro.

La preparación del personal también forma parte del plan. Seguridad anunció una capacitación obligatoria de 100 horas para integrantes de los CANAF, prevista entre marzo y mayo de 2027. Además, se incorporarán contenidos específicos sobre el régimen penal juvenil en los programas de formación de futuros policías y subayudantes penitenciarios.

Educación, prevención y reinserción

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, señaló que la intervención del sistema penal no debe interrumpir los derechos de los adolescentes a la educación, la salud y los vínculos familiares y comunitarios.

El funcionario destacó que el trabajo para la reinserción debe comenzar desde el primer día, con el objetivo de evitar que la respuesta judicial se limite a una sanción y permita preparar el regreso del joven a su entorno.

Poggi, por su parte, ubicó la prevención como uno de los ejes de la política provincial. Mencionó la educación, el deporte, las actividades culturales, el uso responsable de la tecnología y el acompañamiento de las familias como herramientas para evitar que niños y adolescentes entren en conflicto con la ley penal.

Con el proyecto de adecuación procesal a consideración de la Legislatura y las medidas de infraestructura en marcha, San Luis inicia una etapa de reorganización para aplicar el nuevo régimen. El desafío será coordinar a la Justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos sociales para garantizar tanto el cumplimiento de la ley como los derechos de los adolescentes involucrados.