Prórroga judicial en investigación por presunto fraude al Estado

La Justicia prorrogó por 120 días la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la causa que involucra a los exfuncionarios provinciales Marcelo Enrique Balbo, Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano, quienes están imputados por presuntos delitos de peculado y fraude contra la administración pública en perjuicio del Estado de San Luis.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantía N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, a pedido de la fiscal de Instrucción Penal N° 6, Linda Maluf, con la adhesión de la Fiscalía de Estado. Además, el magistrado resolvió mantener las medidas de coerción vigentes sobre los imputados.

La Fiscalía argumentó que la extensión del plazo resulta necesaria debido a la complejidad del caso y a la existencia de medidas probatorias pendientes, entre ellas pedidos de información a organismos públicos y entrevistas a testigos clave.

También solicitó la continuidad de las restricciones procesales, como la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia, la prohibición de salida del país y las medidas de embargo e inhibición de bienes, al considerar que son necesarias para garantizar el avance del proceso y un eventual recupero patrimonial.

Las defensas no se opusieron a la prórroga de la investigación, aunque solicitaron la revisión de las medidas de coerción. Argumentaron que los imputados han cumplido con todas las obligaciones impuestas y que no existirían riesgos procesales que justifiquen mantener las restricciones.

El juez Flores Leyes consideró que la complejidad de la causa y la cantidad de medidas pendientes justifican la extensión de la IPP por otros 120 días. En cuanto a las medidas de coerción, resolvió mantenerlas por considerarlas razonables y proporcionales a los hechos investigados.

Los hechos investigados

La causa se centra en hechos que habrían ocurrido entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el ámbito del Ministerio de Producción de San Luis.

Según la acusación fiscal, se detectaron 356 cargas de combustible destinadas a una camioneta oficial Toyota Hilux asignada a la cartera, que posteriormente fue hallada en estado de abandono en el domicilio de uno de los imputados, con el motor desmontado y sin condiciones de funcionamiento.

Para la Fiscalía, esa situación resultaría incompatible con el registro de abastecimiento de combustible, lo que habría permitido un presunto desvío hacia usos no autorizados.

El perjuicio económico estimado supera los 20 millones de pesos para el Estado provincial, de acuerdo con los registros del sistema de control de combustible.

En la imputación, se atribuye a Amitrano la responsabilidad en la administración de los recursos del ministerio; a Anzulovich, el control funcional de la flota vehicular; y a Balbo, la intervención directa en la utilización del rodado y las cargas de combustible investigadas.