Por Alejo Pombo
Los representantes de una de las partes del contrato de alquiler siguen cuestionando la postura gubernamental de no respaldarlos y dijeron que «una ínfima porción» está a salvo.
Sólo los contratos de alquiler firmados a partir de agosto de 2020 (una ínfima parte del total) estarán protegidos de los desalojos, afirmaron referentes de los inquilinos y un abogado especializado quienes cuestionaron las declaraciones del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que aseguró que a partir del 1° de abril los contratos registrados ante la AFIP estarán a salvo desalojos.
«O no entendió o nadie se lo explicó», señaló Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría porteña quien explicó que «los únicos contratos que hay que registrar son los de la nueva ley de alquileres, que representan un porcentaje ínfimo de inquilinos».
Según Muñoz, esos contratos, los que se firmaron el contrato de julio para adelante, son de gente que tiene 3 o 6 meses de alquiler y que se supone que son los que menos inconvenientes deberían tener.
«En cambio, el 90% de los inquilinos tienen contratos anteriores a la nueva ley y esos contratos no tienen la obligación de ser registrados.
La AFIP y la ley 27551 dicen claramente que el registro se forma a partir de julio de 2020. Por lo tanto, la gran mayoría de los inquilinos que tienen juicios o sentencia desalojo por falta de pago no tienen absolutamente nada que ver con el registro de contratos», señaló el funcionario en diálogo con este diario.
«A eso hay que sumarle alrededor de un 30% de inquilinos que no tienen contrato, son los que viven en pensiones, hoteles o inquilinatos (en CABA son 100 mil) y los que alquilan en villas (que son el 25% de los que viven en esos barrios). Todos ellos estarán desamparados a partir del 31 de marzo porque el decreto los considera inquilinos, pero a partir del 1° de abril vuelven a su condición original y podrán ser desalojados», agregó.
En declaraciones al diario La Nación, Ferraresi, señaló con respecto a las incertidumbres que genera la finalización de la vigencia del decreto que estableció el congelamiento que «no habrá posibilidad que un juez haga un desalojo si no tiene previamente determinada la mediación. No me imagino al sistema judicial generando cosas en contra de la ley de alquileres».
En tanto, Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos dijo que «lo que plantea el ministro Ferraresi es falso. A partir de abril serán desalojadas las familias inquilinas sin importar si el contrato de alquiler está registrado en AFIP o no».
Muñoz sostuvo que «los desalojos son sobre inquilinos que tienen contratos firmados antes de la vigencia de la ley de alquileres. Las declaraciones del ministro son graves porque o miente o, peor aún, no leyó la reglamentación de AFIP ni el decreto, ni la ley de alquileres».
«Pero además omite la situación de cientos de miles de familias que no están en riesgo de ser desalojadas por falta de pago, sino que sencillamente no pueden afrontar una mudanza ni los precios de los alquileres en el medio del golpe de mercado», explicó el dirigente.
En el mismo sentido se expresó el abogado Jorge , que lleva adelante varios juicios desdaolojo y uno de los primeros en cuestionar la validez constitucional del decreto mencionado para quien «lo que dice Ferraresi es inexacto al menos en la gran mayoría de los casos».
Como se señaló desde este diario, según diversas estimaciones de las asociaciones de inquilinos habría un universo de 1 millón de personas (300 mil hogares) con deudas de alquileres y expensas de 5 meses o más que quedarían en situación desalojo tras la finalización del decreto.
