Ordenan la captura de Maduro y Cabello por violaciones a los derechos humanos en Venezuela
El juez federal argentino Sebastián Ramos solicitó la captura internacional del presidente venezolano Nicolás Maduro y su segundo, Diosdado Cabello, acusados de violaciones a los derechos humanos, en una causa por un «plan sistemático» de torturas y ejecuciones. La orden incluye también a 14 militares y policías venezolanos, en el marco de la investigación basada en el principio de justicia universal. Caracas respondió acusando a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, aumentando la tensión entre ambos países.
Por Alejo Pombo
El juez federal Sebastián Ramos emitió una orden de captura internacional para el presidente venezolano Nicolás Maduro y su segundo, Diosdado Cabello, con fines de extradición a la Argentina. Esta medida, solicitada por la Cámara Federal porteña, forma parte de una causa que los investiga por un “plan sistemático” de torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela.
El fallo de la Cámara unificó diversas causas en el juzgado de Ramos y dio luz verde para interrogar a ambos líderes venezolanos, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos desde las más altas esferas del poder en su país. Además, la orden judicial incluye la detención de 14 militares y policías venezolanos que habrían participado en estos crímenes.
Para garantizar la captura de Maduro y Cabello, se emitieron órdenes internacionales a través de Interpol. El tribunal subrayó la gravedad de los hechos y la necesidad de actuar con urgencia para evitar la continuidad de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Este caso se basa en el principio de justicia universal, lo que permite a Argentina investigar crímenes cometidos en otros países. Las denuncias fueron presentadas en los tribunales de Comodoro Py y ahora forman parte de una megacausa que abarca violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente en el contexto de las cuestionadas elecciones que reeligieron a Maduro.
La reacción en Caracas fue inmediata. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una acusación contra altos funcionarios del gobierno argentino, incluido el presidente Javier Milei, por supuestos delitos relacionados con el decomiso de un avión iraní-venezolano en 2022. Esta respuesta incrementa la tensión entre ambos países, que ya mantienen relaciones diplomáticas complicadas.
El gobierno venezolano repudió la decisión judicial argentina, argumentando que carece de fundamentos legales y viola la soberanía de los Estados, al tiempo que defendió la inmunidad de sus altos funcionarios.
