Por Gabriel Rodríguez
La última incorporación fue de 15 exintegrantes del Plan a una distribuidora de productos de consumo masivo, donde cumplirán tareas administrativas, de auditoría y como operarios.
Más integrantes del Plan de Inclusión Social lograron dejar la ayuda estatal al conseguir un trabajo genuino. En lo que va de este año fueron más de 150 exbeneficiarios, quienes accedieron al mercado laboral formal de la provincia. Según cifras oficiales, durante todo 2022 fueron unos 2.300.
La última toma de empleados incluyó a 15 exintegrantes del Plan, quienes fueron incorporados a la distribuidora de productos de consumo masivo Grupo Luan Beer, donde los nuevos trabajadores cubrirán puestos en el sector administrativo, de auditoría y en el sector de planta como operarios.
“Hace dos semanas que empecé a trabajar en Luan Beer y estoy muy contenta de esta oportunidad, estoy aprendiendo día a día y tratando de mejorar como persona”, indicó Brenda Payero, una de las mujeres que logró dejar el Plan de Inclusión para desempeñarse en un ocupación genuina.
Otra de las beneficiarias que comenzó a trabajar en Luan Beer, Tatiana Lucero, dijo que hasta hace dos semanas estaba aún desempeñándose en una parcela del Plan, cuando surgió la posibilidad de incorporarse a trabajar en la distribuidora.
“Ahora me encuentro en la empresa, realmente es un cambio muy importante. Ojalá que el día de mañana podamos quedar efectivos y seguir trabajando acá, porque es un equipo muy lindo de trabajo”, sostuvo Lucero.
La contratación de beneficiarios de Inclusión surgió a partir de la Ley de Empleo, que busca afianzar el trabajo formal de los puntanos a través de la suscripción de convenios con el sector privado.
Al concretarse un ingreso formal, los tres primeros meses son a prueba para la capacitación, período en el que el beneficiario de Inclusión continúa percibiendo el beneficio, más la cobertura de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), provista por el Ministerio de Desarrollo Social.
Tras cumplirse el período de prueba, las empresas tienen la opción de contratar al beneficiario, incorporándolo a su planta laboral para quedar bajo el Convenio Colectivo de Trabajo del rubro correspondiente.
En caso de contratación, los primeros tres meses, el Gobierno otorga el equivalente al 100% de lo que actualmente cobra el beneficiario de Inclusión Social, los tres meses siguientes se confiere el 75%, los tres que le siguen del 50% y los tres últimos meses el 25%.
En cuanto a la parte impositiva, se determinó que sobre el total del subsidio económico que el Gobierno entrega a las empresas, el 50% se adjudica como crédito fiscal, que puede ser utilizado para pagar el impuesto provincial que estime corresponder.
