Avanza la causa contra Anzulovich: habrá control judicial y medidas patrimoniales

El Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial formuló cargos este jueves contra el exministro de Desarrollo Social de San Luis, Nicolás Vicente Anzulovich, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública provincial. La audiencia estuvo encabezada por el juez Marcos Flores Leyes, quien además declaró la causa como compleja y dispuso medidas cautelares patrimoniales y de control.

La resolución llegó luego de dos audiencias fallidas y tras el planteo impulsado por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1, representada por el fiscal Francisco Assat y el fiscal adjunto Juan Pablo Estopiñán. También participó como querellante la Fiscalía de Estado provincial, a través del abogado Santiago Calderón Salomón. La defensa del exfuncionario estuvo a cargo de los abogados Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación apunta a determinar un presunto incremento patrimonial no compatible con los ingresos declarados por Anzulovich entre 2019 y 2023, período en el que ocupó distintos cargos dentro del Poder Ejecutivo provincial.

Según detalló la Fiscalía, el exfuncionario se desempeñó primero como coordinador de DOSEP y luego como ministro de Desarrollo Social durante las gestiones provinciales anteriores. La causa se inició tras una denuncia presentada por una empleada del Plan de Inclusión Social.

A partir de esa presentación, la Justicia intimó a Anzulovich a entregar su declaración jurada patrimonial, que posteriormente fue sometida a una auditoría contable realizada por una perito del Poder Judicial. De acuerdo con la acusación, el análisis detectó inconsistencias entre los ingresos registrados formalmente, la evolución patrimonial y el nivel de vida atribuido al investigado.

Los fiscales explicaron que este tipo de delitos requieren reconstrucciones patrimoniales complejas y no se limitan únicamente a comparar bienes declarados e ingresos. En ese sentido, señalaron que la investigación busca identificar posibles terceros utilizados como “personas interpuestas”, relaciones económicas indirectas y eventuales mecanismos de ocultamiento de activos.

Además, remarcaron que la causa todavía se encuentra en una etapa preliminar y que restan múltiples medidas probatorias, entre ellas informes bancarios, pericias complementarias, identificación de bienes y reconstrucción integral del patrimonio.

En paralelo, la Fiscalía solicitó que el expediente fuera declarado complejo, argumentando que las investigaciones vinculadas a corrupción pública y criminalidad económica suelen requerir plazos más extensos debido a la complejidad técnica de las pruebas.

El juez Flores Leyes hizo lugar a ese planteo y también ordenó medidas cautelares para garantizar el avance del proceso judicial. Entre ellas dispuso la firma periódica del libro de imputados, la prohibición de salida de la provincia y la inhibición general de bienes.

Sin embargo, rechazó dos de los pedidos más severos impulsados por la acusación: la prisión preventiva solicitada por la querella y la suspensión laboral preventiva requerida por la Fiscalía.

Sobre este último punto, los fiscales habían argumentado que Anzulovich actualmente trabaja dentro del Poder Judicial y que su conocimiento institucional y acceso a sistemas internos podrían representar un riesgo para la investigación. Pese a ello, el magistrado no hizo lugar a la suspensión.

La Fiscalía de Estado provincial acompañó íntegramente tanto la formulación de cargos como el pedido de declaración de causa compleja.