«Los voy a matar a tiros»: el alumno pampeano, el arsenal del padre cazador y una ola viral
Un alumno de 13 años amenazó con «matar a tiros» a docentes y directivos de una escuela de Rancul, La Pampa, y el allanamiento posterior a su vivienda deparó un hallazgo que elevó drásticamente la gravedad del episodio: carabinas calibre 22, una escopeta doble caño, una pistola calibre .380, municiones de distintos calibres y equipamiento de tecnología avanzada, entre ellos visores nocturnos e infrarrojos. El caso se enmarca en una ola de amenazas de tiroteos escolares que, en los últimos días, se extendió a Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires. Solo la Justicia de San Isidro recibió 600 denuncias por este tipo de mensajes en 48 horas.
El episodio pampeano se desencadenó durante la jornada escolar del viernes, cuando el adolescente expresó ante compañeros y personal educativo su deseo de realizar un tiroteo. La asesora pedagógica del establecimiento alertó a las autoridades de inmediato. Por orden del juez de control Diego Ambrogetti, la Oficina Penal Juvenil dispuso allanamientos en los domicilios vinculados a los progenitores del menor. En la casa del padre, quien según la investigación policial se dedica a la caza, fue donde se encontró el arsenal. El propietario no pudo acreditar documentación que avalara la tenencia legal de ninguna de las armas, por lo que la Justicia pampeana le inició una causa penal paralela por tenencia ilegal de armas de fuego.
El menor, en tanto, declaró que todo fue «una broma». El fiscal Guillermo Komarofky, a cargo de la investigación, aclaró sin embargo que los responsables identificados en los distintos casos pampeanos —incluyendo episodios similares en 25 de Mayo, General Acha, General Pico y Santa Rosa— son todos menores de 16 años y por lo tanto inimputables. «Todo apunta a un patrón viral, de seguir esas cadenas a través de las redes sociales y esos retos virales», señaló. Salvo en Rancul, el resto de las amenazas pampeanas consistieron en inscripciones escritas en baños de mujeres de los establecimientos. El gobernador Sergio Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado para que el gobierno provincial se constituya como parte querellante en todas las causas abiertas.
En Salta, la situación también se agravó este viernes. La Justicia imputó a cinco personas por intimidación pública vinculada a amenazas en dos escuelas de la capital provincial. A tres de ellos —de 19, 18 y 17 años— se les inició una causa por inscripciones aparecidas en el baño de varones del Colegio Walter Adet. El fiscal penal del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, ordenó allanamientos en barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz. Un cuarto adolescente, de 16 años, fue imputado por la fiscal penal juvenil Carolina Hernández por amenazas en el Colegio Secundario Técnico República de la India. Este último admitió su culpabilidad y mostró arrepentimiento.
La ministra de Educación salteña, Cristina Fiore, salió a responder con contundencia: «Esto no es un chiste, no es un juego, no es divertido: es un delito. Se va a llegar a los responsables y va a haber consecuencias.» Advirtió sobre posibles amonestaciones y expulsiones, y señaló que «hay desafíos virales que empujan a los chicos a cruzar límites sin dimensionar las consecuencias.»
El fenómeno tiene un precedente que marca el tono de la preocupación: el ataque en San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno fue asesinado por un compañero que disparó con una escopeta. Desde entonces, la línea entre la amenaza virtual y el riesgo real se volvió la pregunta central de toda la comunidad educativa argentina.
