La jueza que sobreseyó a un chico de 14 años defendió su decisión y cuestionó el juicio político

La jueza porteña Laura De Marinis defendió su decisión de no aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y cuestionó las críticas que recibió luego del fallo, incluido el pedido de juicio político impulsado desde el Gobierno de la Ciudad.

En declaraciones a Radio Con Vos, la magistrada explicó los fundamentos de su resolución y sostuvo que, en las circunstancias particulares del caso, incorporar al adolescente al sistema penal podía resultar perjudicial.

“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante”, afirmó.

De Marinis señaló que el joven atravesaba una situación de vulnerabilidad y que, según se desprendía de las actuaciones, estaba “sin educación y sin poder alimentarse”. En ese sentido, cuestionó que la intervención estatal sobre esas condiciones apareciera recién a partir de un expediente penal.

“Nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, sostuvo.

La jueza también remarcó que su planteo no se centró exclusivamente en la eventual sanción que pudiera recibir un adolescente, sino en las consecuencias de incorporarlo a un proceso penal antes de que intervengan los organismos estatales encargados de la protección de derechos.

El expediente se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cerca de las 6 de la mañana. Según la imputación, un hombre de 47 años denunció que había sido seguido por un grupo de adolescentes que intentó asaltarlo. La víctima salió corriendo y pidió auxilio a un policía, que intervino y demoró a los jóvenes. No hubo personas heridas ni se concretó el robo.

A partir de ese caso, De Marinis declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil para esa situación particular y dispuso el sobreseimiento del adolescente. Además, ordenó la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se evaluaran medidas de acompañamiento familiar, escolar y recreativo.

La magistrada aclaró que su resolución no suspendió la vigencia general de la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen y contempla la aplicación del sistema penal juvenil desde los 14 años. “La decisión que tomé fue en el caso concreto”, remarcó.

La Fiscalía porteña apeló la decisión y, además, pidió el apartamiento de De Marinis de la causa. El planteo deberá ser analizado por la Cámara del fuero.

El fallo generó fuertes cuestionamientos políticos. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsaría un juicio político contra la magistrada, mientras que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para que se evalúe si corresponde avanzar con un Jurado de Enjuiciamiento.

Frente a esas iniciativas, De Marinis defendió la independencia judicial y sostuvo que las decisiones de los magistrados deben ser discutidas mediante los mecanismos previstos por el sistema judicial.

“Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, afirmó.

La jueza también cuestionó que se plantee un juicio político por el contenido de una resolución y sostuvo que una medida de ese tipo “debilita las instituciones democráticas”.

En cuanto a su posición sobre el régimen penal juvenil, De Marinis reiteró que considera que el proceso penal debe ser utilizado como último recurso frente a adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir”, sostuvo, y agregó que al analizar cada caso los jueces deben considerar no solo el hecho investigado, sino también la trayectoria de vida del adolescente y las intervenciones que haya realizado previamente el Estado.

El caso ahora continuará en la instancia de apelación, donde deberá resolverse el planteo de la Fiscalía contra la decisión de la jueza.