La hermana del procurador fue confirmada como jueza de Cámara en San Luis

El Senado de San Luis prestó este martes acuerdo para la designación de Mariela Desirée Cadelago Filippi como jueza de la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa los vínculos familiares y políticos que atraviesan la Justicia provincial.

Cadelago Filippi ya se encontraba desempeñando esa función desde enero de este año, cuando juró como jueza con carácter provisorio. Ahora, con el acuerdo otorgado por la Cámara de Senadores, avanzó el trámite formal para su designación en el cargo.

La magistrada tendrá competencia en las áreas Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Primera Circunscripción Judicial, un fuero que interviene en una amplia variedad de conflictos que llegan a la Justicia provincial. El Senado había fijado la audiencia pública para el 15 de septiembre y finalmente prestó acuerdo durante la sesión de este martes.

El dato que genera cuestionamientos políticos es su vínculo familiar con Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, actual procurador general de San Luis. Ambos son hermanos y forman parte de una estructura judicial provincial en la que también se encuentran otros funcionarios con vínculos familiares o políticos con integrantes del poder institucional.

Sebastián Cadelago Filippi fue propuesto por el Poder Ejecutivo de Claudio Poggi para ocupar la Procuración General y su designación fue aprobada por el Senado en agosto de 2025. Posteriormente asumió formalmente como jefe del Ministerio Público Fiscal de la provincia.

La llegada de Mariela Cadelago Filippi al cargo de jueza de Cámara no se produjo de manera repentina. Antes de asumir provisoriamente como magistrada, se desempeñaba como secretaria de Cámara dentro del Poder Judicial provincial. Documentación oficial de enero estableció que, mientras durara la designación provisoria, conservaría ese cargo.

El otro vínculo que aparece alrededor de la estructura judicial provincial es el de Víctor Manuel Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia. Endeiza fue designado por el gobernador Poggi y es primo del actual vicegobernador y presidente del Senado, Ricardo Endeiza. La relación familiar fue consignada públicamente al momento de su designación en 2025.

De hecho, tanto Víctor Endeiza como Sebastián Cadelago Filippi asumieron sus nuevos cargos judiciales en agosto de 2025, después de que el Ejecutivo provincial enviara sus respectivos pliegos al Senado. Ambos fueron aprobados por la Cámara Alta y posteriormente juraron en sus funciones.

La nueva designación vuelve así a instalar una discusión sobre la composición de la Justicia provincial y la concentración de vínculos familiares alrededor de algunos de sus cargos de mayor relevancia. La existencia de esos parentescos es un dato institucional verificable, aunque por sí sola no permite establecer irregularidades en los procesos de designación ni en el desempeño posterior de los funcionarios.

El acuerdo para Cadelago Filippi fue tratado mediante el procedimiento previsto para las designaciones judiciales. El Senado había abierto previamente una instancia de audiencia pública y un período para presentar preguntas y observaciones sobre sus antecedentes y méritos.

La designación también se produce en un contexto en el que la propia Justicia provincial reconoce problemas vinculados con la demora de los procesos. Al asumir en 2025, Víctor Endeiza había señalado que el servicio judicial que se brindaba a los ciudadanos “no es muy bueno” y había planteado la necesidad de modificar aspectos del funcionamiento del sistema.

Por ahora, el dato concreto es que Mariela Cadelago Filippi continuará al frente de una de las salas de la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción, ahora con el acuerdo legislativo para su designación. Su hermano continuará al frente de la Procuración General, mientras que Víctor Endeiza integra el máximo tribunal provincial.

La discusión política quedará centrada en si estos vínculos familiares deben ser considerados únicamente como circunstancias personales de funcionarios que atravesaron los procedimientos institucionales correspondientes o si, por el contrario, requieren mayores controles y explicaciones públicas sobre los mecanismos de selección y designación de los integrantes de la Justicia.