La Defensoría cuestionó a EDESAL por deudas y tarifas

La Defensoría del Pueblo de San Luis cuestionó los mecanismos de cobro de EDESAL y presentó propuestas para proteger a los usuarios endeudados, durante dos audiencias públicas convocadas por la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CRPEE). Además, objetó el pedido de aumento del 4,45% que realizó la distribuidora y reclamó cambios en las categorías tarifarias para los emprendimientos que funcionan dentro de viviendas familiares.

Las presentaciones se realizaron en el marco de dos instancias de participación ciudadana: una destinada a analizar alternativas para regularizar deudas y otra centrada en la actualización de los costos del servicio eléctrico.

El defensor del Pueblo, Guillermo Belgrano Rawson, cuestionó que EDESAL aplique simultáneamente intereses moratorios y una penalidad punitoria por los atrasos en los pagos. Según explicó, esa doble sanción está contemplada en el artículo 42 del Reglamento de Suministro, una normativa que, de acuerdo con el organismo, necesita una revisión.

La Defensoría también advirtió que el sistema de pagos parciales propuesto para los usuarios podría no evitar los cortes de suministro. Según su planteo, aunque una persona abone una parte de la deuda, la empresa podría avanzar con la interrupción del servicio por el saldo pendiente.

Frente a esa situación, Belgrano Rawson propuso eliminar la penalidad punitoria por mora, establecer tasas preferenciales para hogares vulnerables y suspender las órdenes de corte cuando los usuarios realicen pagos a cuenta o adhieran a planes de refinanciación.

También reclamó que no se cobren cargos de reconexión a familias residenciales que hayan sufrido cortes por dificultades económicas. Además, pidió que las cuotas y los intereses de los planes de financiación no representen más del 30% de los ingresos familiares y que los trámites virtuales sean gratuitos.

La Defensoría también cuestionó la falta de información pública de la Comisión Reguladora. La coordinadora general del organismo, Julia Moyano Mendoza, señaló que la CRPEE no cuenta con una página web oficial y objetó que los interesados deban concurrir personalmente a sus oficinas con un dispositivo de almacenamiento para obtener copias de los expedientes.

La funcionaria sostuvo que estas condiciones dificultan el acceso a la información y la participación de usuarios de localidades alejadas de la capital. También cuestionó que EDESAL no haya proporcionado cifras exactas sobre hogares endeudados, cortes de suministro y recaudación por multas, sino porcentajes relativos.

El pedido de aumento del 4,45%

La segunda audiencia estuvo vinculada con el Mecanismo de Monitoreo de Costos, establecido por la Resolución N.º 90-CRPEE-2024. EDESAL informó que sus costos acumularon una variación del 33,44% entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

Sin embargo, ese porcentaje no representa el incremento solicitado para las facturas. La empresa pidió una actualización del 4,45% sobre el monto final de las boletas, debido a que durante el último año ya se habían autorizado ajustes parciales.

El pedido todavía debe ser analizado por la Comisión Reguladora, que deberá resolver si corresponde aprobarlo y en qué condiciones. Por lo tanto, el aumento no está confirmado ni puede considerarse de aplicación automática.

Durante la audiencia, el asesor de la Defensoría Daniel Castillo también planteó la situación de las familias que desarrollan actividades comerciales o emprendimientos en sus viviendas. Según advirtió, EDESAL recategoriza de oficio a algunos de esos usuarios bajo la Tarifa General, lo que puede provocar la pérdida de los subsidios residenciales y elevar el costo de las facturas.

El organismo vinculó esa situación con programas provinciales de apoyo al emprendedurismo, como Mi Próximo Paso, y sostuvo que el costo de la electricidad puede terminar absorbiendo parte de los ingresos que reciben las familias.

Por ese motivo, Castillo reclamó modificar el Reglamento de Suministro para incorporar una categoría tarifaria especial destinada a los emprendimientos y oficios que funcionan dentro de hogares familiares.

Al cierre de las audiencias, la Defensoría insistió en que las tarifas y los mecanismos de regularización de deudas deben contemplar la capacidad de pago de los usuarios, especialmente de los hogares vulnerables.