Jueces endurecen las sanciones contra padres que no pagan

La Justicia de San Luis comenzó a aplicar medidas cada vez más severas contra quienes incumplen con el pago de cuotas alimentarias, entre ellas el corte de líneas de telefonía celular. En un caso ocurrido en San Francisco del Monte de Oro, una jueza ordenó dejar sin servicio a un padre que llevaba casi un año sin cumplir con la obligación asumida judicialmente.

La resolución fue dictada en diciembre de 2025 por la jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N° 3, Ana Belén Villegas. El hombre adeudaba la cuota de sus dos hijos, de 8 y 10 años, y no tenía empleo registrado.

Según el expediente, el padre había acordado pagar el equivalente al 35% de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Sin embargo, realizó los depósitos durante pocos meses y luego dejó de hacerlo.

La magistrada dispuso entonces el corte de la línea telefónica a nombre del deudor y le prohibió obtener un nuevo número en cualquier otra empresa de telefonía que opere en el país. También ordenó su incorporación al Registro de Deudores Alimentarios Morosos de San Luis.

El caso se suma a otras resoluciones que buscan garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias. En marzo de 2026, otro juzgado de Familia de la capital provincial fijó para un padre una cuota mensual equivalente a ocho Salarios Mínimos Vitales y Móviles para sus tres hijos.

En ese expediente, la Justicia consideró que el monto debía contemplar no solo alimentación, sino también necesidades vinculadas con salud, educación, vivienda y el nivel de vida de los menores.

El problema adquiere mayor dimensión en un contexto de aumento del costo de crianza. El INDEC calcula la Canasta de Crianza considerando tanto los bienes y servicios necesarios para niños y adolescentes como el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

El último dato disponible al momento de la elaboración de esta nota corresponde a mayo de 2026. Para ese mes, la canasta alcanzó $520.569 para menores de un año, $620.125 para niños de 1 a 3 años, $529.756 para los de 4 a 5 años y $665.950 para quienes tienen entre 6 y 12 años.

La actualización de las cuotas se vuelve así un aspecto central cuando los montos fijados judicialmente quedan desfasados respecto del costo real de mantener a los hijos. En esos casos, las familias pueden recurrir a la Justicia para solicitar una modificación de la obligación.

Las herramientas contra los incumplidores no se limitan al corte de servicios. La inscripción en registros de deudores puede generar distintas restricciones, según la jurisdicción, y los tribunales también pueden disponer medidas destinadas a detectar ingresos, bienes o movimientos financieros cuando existen indicios de ocultamiento patrimonial.

La obligación alimentaria, además, no recae exclusivamente sobre el progenitor que dejó de cumplir. El Código Civil y Comercial establece la responsabilidad subsidiaria de los ascendientes, por lo que los abuelos pueden ser llamados a responder cuando se configuran las condiciones legales.

La extensión de esa obligación hacia otros familiares es una cuestión más excepcional. Existen antecedentes judiciales en el país en los que se discutió incluso la responsabilidad de tíos ante situaciones de incumplimiento e imposibilidad de cobro al progenitor, aunque no se trata de una consecuencia automática.

En San Luis, el caso de la línea telefónica constituye uno de los ejemplos más llamativos de las medidas que puede adoptar la Justicia frente a un incumplimiento persistente. La decisión buscó generar una consecuencia concreta ante una deuda que, según el expediente, se había prolongado durante casi un año.

La evolución del costo de crianza y la capacidad económica de cada progenitor son elementos determinantes para establecer o actualizar una cuota. En todos los casos, las medidas judiciales deben analizarse según las circunstancias particulares del expediente y no implican que cualquier incumplimiento habilite automáticamente las mismas sanciones.