Gobierno intimará a 10.000 empleados a jubilarse en el marco de la reducción del Estado
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, emitió la resolución 3/2024 que ordena a las entidades del Sector Público Nacional intimar a sus empleados que cumplan con los requisitos a iniciar los trámites de jubilación en un plazo de 30 días. Esta medida forma parte de las políticas de reducción del tamaño del Estado.
Por Alejo Pombo
El gobierno avanza en la reducción del Estado con la nueva resolución 3/2024, emitida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Esta disposición exige a las entidades del Sector Público Nacional «intimar» a los empleados que cumplan con las condiciones legales a iniciar los trámites de jubilación en un plazo no mayor a 30 días. La medida afecta a aproximadamente 10.000 empleados públicos, de los cuales 6.500 pertenecen a la planta permanente.
La resolución se alinea con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, cuyo objetivo es reducir el tamaño del Estado y mejorar la transparencia en el gasto público. Según la normativa, las áreas de la Administración Nacional, que incluyen la Administración Central, los Organismos Descentralizados y Entes Públicos, deberán identificar a los empleados que estén en condiciones de jubilarse, basándose en los términos del artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241.
Además, la resolución recomienda extender esta medida a las Empresas y Sociedades del Estado, que abarcan organizaciones donde el Estado tiene participación mayoritaria en las decisiones o el capital, como las Sociedades de Economía Mixta.
El Ministerio firmó un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para facilitar el intercambio de información y garantizar que los empleados en condiciones de jubilarse completen los trámites en el tiempo estipulado. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, bajo la cual se suscribió el convenio el pasado 10 de octubre, destacó la necesidad de asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos del sector público.