Por Alejo Pombo
El Senado de la Nación aprobó hoy un proyecto de ley que incrementa las jubilaciones en un 8,1% y ajusta su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), en lo que se perfila como una de las primeras grandes confrontaciones entre el Poder Legislativo y el presidente Javier Milei. La medida, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, obtuvo un respaldo mayoritario en el Senado con 61 votos afirmativos, ocho negativos y ninguna abstención.
El proyecto no solo contempla el aumento del 8,1% en las jubilaciones, sino que también introduce una nueva fórmula de actualización que vincula los haberes con la evolución de la inflación, algo que ha generado un profundo rechazo por parte del Ejecutivo. Según la nueva ley, en marzo de cada año, las jubilaciones se ajustarán un 50% adicional sobre la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en relación con el IPC del año anterior.
Además, la ley instruye a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a garantizar que, para aquellos beneficiarios que perciban un solo ingreso, el monto total no sea inferior al valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09. Esta disposición tiene como objetivo asegurar que los jubilados no caigan por debajo de la línea de pobreza.
La aprobación de este proyecto marca un momento clave en la relación entre el Senado y la Casa Rosada. Mientras que los legisladores buscan proteger el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto inflacionario, el gobierno se enfrenta al desafío de equilibrar las cuentas públicas sin generar un mayor descontento social. Con el veto presidencial ya anunciado, el desenlace de esta ley podría establecer un precedente importante para la gestión de Javier Milei.
El impacto fiscal y la respuesta del gobierno:
El costo fiscal de estas medidas ha sido uno de los principales puntos de controversia. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación de la ley representará un gasto adicional del 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI). Ante este escenario, el presidente Milei ha advertido que utilizará su facultad de veto, calificando a los legisladores que apoyaron la medida como «degenerados fiscales». Esta sería la primera vez que el mandatario recurre al veto desde que asumió la presidencia.
Semanas antes de la votación, la Casa Rosada había enviado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, al Congreso para defender la política de «déficit cero» promovida por Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque los funcionarios se mostraron dispuestos a aceptar el incremento del 8,1%, se opusieron a las otras disposiciones de la ley, advirtiendo que no podrían aplicarse retroactivamente a enero, como algunos legisladores proponían.
Un debate polarizado en el Senado:
La discusión en el Senado reflejó la profunda polarización que genera el tema. La presidenta de la Comisión de Previsión Social, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, evitó presentar el proyecto, cediendo esa responsabilidad al senador Mariano Recalde de Unión por la Patria. Recalde defendió la medida argumentando que es necesaria para proteger a los jubilados de la erosión causada por la inflación.
Por su parte, el senador radical Martín Lousteau, quien apoyó la ley, criticó la política fiscal del gobierno, señalando que la falta de recaudación debido a la reducción de impuestos como el de Bienes Personales está afectando la capacidad del Estado para financiar programas sociales. «El costo es un poco menor de haber bajado los Bienes Personales, el impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos», afirmó Lousteau.
En contraste, el senador libertario Bartolomé Abdala defendió las políticas de Milei, subrayando que la responsabilidad por la situación actual no recae en el gobierno que asumió en diciembre, sino en las administraciones anteriores. «Nos quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía», dijo Abdala, quien también criticó la demora en la sanción de la Ley de Bases y el paquete fiscal propuesto por el Ejecutivo.
Tensiones y acusaciones:
El debate alcanzó un punto álgido cuando la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio respondió a las críticas del presidente Milei, calificándolo de «degenerado social». «Si quienes vamos a votar este proyecto somos degenerados fiscales, como dijo el presidente, entonces él es un degenerado social», afirmó Di Tullio, en una frase que resonó en el recinto y dejó en claro la profundidad del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.
