El PJ de San Luis cuestionó el plan de desendeudamiento

El Partido Justicialista de San Luis cuestionó el proyecto de desendeudamiento impulsado por el Gobierno provincial y reclamó que la Legislatura analice una alternativa con mayores límites sobre las cuotas y herramientas de protección para las familias endeudadas.

La discusión se da en el marco del proyecto enviado por Claudio Poggi, que propone incentivar a bancos y entidades financieras a ofrecer refinanciaciones con menores tasas, quitas y plazos más extensos, a cambio de beneficios fiscales. La iniciativa oficial establece que las cuotas no deberían superar el 30% del ingreso familiar.

Desde el PJ sostuvieron que una refinanciación por sí sola no resolverá el problema si los hogares continúan sin ingresos suficientes para afrontar sus gastos cotidianos. El espacio vinculó el endeudamiento con la pérdida de poder adquisitivo y cuestionó, entre otras medidas, el desdoblamiento del pago de los salarios estatales.

Uno de los principales cambios planteados por el justicialismo es reducir el límite de esfuerzo financiero: las cuotas derivadas de una refinanciación no deberían superar el 25% de los ingresos netos familiares.

La propuesta también busca ampliar el universo de entidades alcanzadas e incluir a bancos, financieras, fintech, proveedores no financieros de crédito y otros prestamistas que estén comprendidos dentro de las competencias provinciales, sin avanzar sobre las atribuciones del Banco Central ni la legislación nacional.

Otro eje está relacionado con la transparencia de las condiciones de refinanciación. El PJ plantea que las entidades deban informar la Tasa Nominal Anual, el Costo Financiero Total, la cantidad de cuotas, el monto final a devolver, las quitas de capital e intereses, cargos e impuestos.

El proyecto opositor también contempla medidas temporales de protección para las familias que estén negociando una reestructuración de sus deudas, frente a posibles embargos, ejecuciones o desalojos, con prioridad para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

En materia tributaria, propone mecanismos para facilitar la regularización de deudas fiscales provinciales, mediante reducciones de multas y recargos y planes de pago adaptados a la capacidad económica de cada contribuyente.

El PJ también reclama controles sobre intereses que considere desproporcionados y sobre la capitalización de intereses. En este punto, el propio planteo reconoce que el anatocismo ya se encuentra regulado por la legislación nacional.

Otro pedido apunta a la rendición de cuentas sobre los beneficios fiscales que eventualmente se otorguen a las entidades financieras. El espacio reclama conocer el costo fiscal, la cantidad de familias alcanzadas, las quitas promedio, las tasas efectivas y los resultados obtenidos en la reducción de la mora.

El debate legislativo suma además otros reclamos. ATE San Luis pidió participar de las comisiones que analicen el proyecto y planteó que el programa no genere nuevas cargas para los trabajadores.

Mientras tanto, el Gobierno provincial sostiene que su iniciativa busca atender a personas con más de tres meses de mora mediante planes de al menos 24 meses y con cuotas de hasta el 30% del ingreso familiar. También contempla beneficios impositivos para las entidades que presenten condiciones de refinanciación aprobadas por la Provincia.

El PJ, en cambio, sostiene que cualquier programa de saneamiento debería estar acompañado por una recuperación de los ingresos y de la actividad económica para evitar que las familias vuelvan a endeudarse para cubrir sus gastos corrientes.