El obispo Barba pidió rechazar cambios de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El obispo de San Luis, Gabriel Barba, y la Pastoral Social de la diócesis enviaron una carta a los legisladores nacionales para expresar su preocupación por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Advirtieron sobre posibles impactos en la soberanía, el ambiente y el acceso a los bienes comunes.
El obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, junto con la Pastoral Social de la diócesis, solicitó a los legisladores nacionales por esa provincia que rechacen algunos aspectos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. A través de una carta enviada el 28 de julio, manifestaron su «gran preocupación» por distintas modificaciones incluidas en la iniciativa y advirtieron que podrían afectar la ecología integral, el desarrollo humano y la soberanía nacional.
En el documento, dirigido a los representantes puntanos en el Congreso, la Pastoral Social expresó su adhesión a los planteos realizados previamente por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y sostuvo que el proyecto introduce cambios sensibles en el régimen de propiedad de las tierras rurales y en normas vinculadas con la protección ambiental.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la modificación del régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Según señalaron, la legislación vigente establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras por jurisdicción y fija topes de superficie en zonas estratégicas. A criterio de la Iglesia, la eliminación de esas restricciones podría favorecer una mayor concentración y extranjerización de tierras vinculadas con recursos naturales como el agua, la minería, el petróleo y los glaciares.
La carta también cuestiona la derogación de las restricciones que actualmente impiden modificar el uso de suelos afectados por incendios durante períodos de entre 30 y 60 años. Según la Pastoral Social, eliminar esas limitaciones podría incentivar incendios intencionales para habilitar desarrollos inmobiliarios, forestales o productivos en áreas que hoy cuentan con protección legal.
«La tierra no es una mercancía, sino un bien confiado a nuestra responsabilidad», sostiene el documento. En ese sentido, afirma que las decisiones sobre el uso del territorio deben preservar la soberanía nacional, el acceso a los bienes comunes, la producción de alimentos y el derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro.
Además, la misiva advierte que cuando la tierra «se degrada, se concentra en pocas manos o se transforma únicamente en objeto de especulación», no solo se pierde un bien común, sino que también se ponen en riesgo formas de vida, vínculos comunitarios y patrimonios culturales.
Como fundamento, la Pastoral Social cita la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, para remarcar que el desarrollo humano debe ir acompañado del cuidado de la ecología integral y que «no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas».
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por el Poder Ejecutivo al Senado en marzo, ya obtuvo dictamen de mayoría en comisiones con modificaciones y continúa su trámite parlamentario. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional y todavía debe ser debatida por ambas cámaras del Congreso antes de convertirse en ley.
