Por Alejo Pombo
El Gobierno derogó un decreto de la gestión de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes, así como también establecía agilidades para los trámites de expulsión.
Alberto Fernández dio de baja el Decreto 70/2017, ya que advirtió que desde que entró en vigencia esa norma «se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria». La decisión generó el rechazo de la oposición: «Fomenta la inseguridad y el crimen organizado», se quejaron.
La normativa del Gobierno de Cambiemos había creado un «procedimiento migratorio especial sumarísimo» para rechazar el ingreso de personas con antecedentes, así como también expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
La gestión de Macri había justificado la decisión al remarcar «la duración de los procesos administrativos y judiciales» y al señalar el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario, que en 2016 había alcanzado al 21,3 por ciento de la población carcelaria total.
También se había establecido la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplieran condena o tengan antecedentes -tanto en Argentina como el exterior- «por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad» o «delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas», al igual que quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.
Además, las mismas causas podían ser utilizadas para dar de baja las residencias que se hubieran otorgado «cualquiera fuese su antigüedad».
A poco más de cuatro años de la entrada en vigencia del decreto de Macri, Alberto Fernández lo derogó al advertir que se habían modificado «aspectos sustanciales» de la Ley de Migraciones «que resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias».
El Gobierno consideró también que los cambios introducidos por Cambiemos no redundaron en «mejoras ponderables en otros aspectos».
En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había declarado la «invalidez constitucional» del decreto de Macri por presentar «caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en el ordenamiento jurídico», tras lo cual el Gobierno de Cambiemos había recurrido a la Corte Suprema de Justicia.
A la vez, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, habían «expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto», remarcó el Gobierno este viernes.
Finalmente, se creó la Comisión Asesora de Política Migratoria, para «proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones Nº 25.871». dUn nuevo cambio en el esquema migratorio. En Amnistía fue muy celebrada la decisión dAmnistía Internacional (AI) celebró la derogación del decreto de la gestión de Mauricio Macri que «violaba los derechos humanos de los migrantes», según se citó desde la organización, y remarcó que la normativa que impulsó y ejecutó el Gobierno anterior se transformó en «un hito en el retroceso de la política migratoria argentina».
«Amnistía Internacional celebra la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que había significado un fuerte retroceso para la política migratoria argentina», destacó la organización en un comunicado de prensa.
Asimismo, señaló que «tras más de cuatro años de una amplia movilización de la sociedad civil y denuncias de múltiples organismos internacionales de derechos humanos, el gobierno puso fin al DNU que había modificado la Ley de Migraciones Nº 25.871».
En tanto, Mariana Fountoura Marques, directora de Política y Justicia internacional de AI Argentina, dijo que la derogación publicada ayer en el Boletín Oficial «es importantísima porque fue un hito en el retroceso de la política migratoria de nuestro país, que hasta ese momento, era ejemplo en el mundo».
