El escándalo de El Caburé y la disputa judicial en San Luis
La causa por la presunta desaparición de maíz valuado en más de 2 millones de dólares en el caso “El Caburé” sigue sin resolución. A dos años de la expropiación del predio, el expediente continúa en medio de tensiones entre el Gobierno y la Justicia.
A casi dos años de la expropiación del establecimiento rural “El Caburé”, la causa judicial por la presunta sustracción de maíz valuado en más de 2 millones de dólares continúa sin resolución y mantiene abierto un complejo conflicto entre la Justicia y el Gobierno provincial de San Luis.
El predio había quedado bajo la órbita estatal tras un proceso de expropiación formalizado el 24 de julio, cuando pasó a depender de la entonces Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión. Sin embargo, la investigación posterior derivó en denuncias por la desaparición de una importante cosecha de maíz.
De acuerdo con el expediente, se investiga la presunta extracción y comercialización irregular de toneladas de grano sin que los fondos habrían ingresado a las arcas del Estado, lo que dio lugar a una causa por presuntas maniobras de corrupción.
La investigación judicial avanzó con distintas medidas de prueba, entre ellas la incorporación de registros, comunicaciones y documentación administrativa que buscan determinar cómo se habría ejecutado la operatoria dentro del establecimiento rural.
En paralelo, la causa derivó en un conflicto institucional en el ámbito judicial y político provincial, con tensiones vinculadas al avance de los expedientes civiles y penales relacionados con el caso.
En ese contexto, se analiza el pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza que interviene en una de las causas conexas, lo que abrió un nuevo capítulo de disputa entre sectores del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
La magistrada había solicitado la incorporación de actuaciones penales al expediente civil con el objetivo de contar con la totalidad de la información disponible para resolver el litigio sobre la posesión del predio.
Desde distintos sectores judiciales interpretan que la resolución generó una fuerte controversia institucional, en medio de un proceso que continúa abierto y sin definiciones sobre el destino de los fondos y la responsabilidad de los involucrados.
A dos años del inicio del conflicto, la investigación por la supuesta desaparición del maíz aún no tiene una resolución definitiva y permanece bajo análisis de la Justicia, mientras se acumulan presentaciones y planteos cruzados entre las partes.
