El curioso caso de San Luis: la Legislatura tiene el menor costo por legislador, pero sus representantes cobran de los salarios más altos

San Luis aparece en el extremo inferior del ranking nacional de gasto legislativo por representante. Un informe elaborado por Fundación Libertad a partir de los presupuestos provinciales de 2026 calculó que la provincia destina $9.147 millones anuales al funcionamiento de su Poder Legislativo. Al dividir esa suma entre los 52 diputados y senadores provinciales, el resultado es de aproximadamente $176 millones por legislador al año.

La cifra está muy por debajo del promedio nacional calculado por la organización, que asciende a $1.531 millones anuales por representante.

El estudio analiza los presupuestos asignados a los poderes legislativos de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los relaciona con la cantidad de diputados y senadores de cada jurisdicción.

En conjunto, las 24 legislaturas analizadas destinan alrededor de $1,84 billones a su funcionamiento y reúnen 1.199 representantes. El cálculo permite observar las enormes diferencias que existen entre las estructuras legislativas de cada distrito.

Tucumán aparece con el mayor gasto anual por legislador, con unos $3.725 millones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con $3.402 millones, y Chaco, con $3.057 millones. En el otro extremo se encuentran San Luis, con $176 millones, y Santiago del Estero, con $206 millones.

La diferencia también se observa frente a otras provincias. Catamarca, por ejemplo, registra un costo de aproximadamente $1.234 millones por representante, casi siete veces el valor calculado para San Luis.

Hay una aclaración importante: estos números no representan el sueldo que cobra cada legislador.

El cálculo de Fundación Libertad toma el presupuesto total asignado al Poder Legislativo y lo divide por la cantidad de representantes. Por lo tanto, incluye las remuneraciones de diputados y senadores, pero también gastos de personal, asesores, funcionamiento, infraestructura y otros conceptos vinculados con la estructura de las cámaras.

Por eso, un menor gasto presupuestario por legislador no equivale automáticamente a un menor salario individual.

El informe también muestra una diferencia significativa en la cantidad de trabajadores legislativos. Mientras el promedio de las jurisdicciones analizadas ronda los 27 empleados por representante, San Luis registra dos trabajadores por legislador, de acuerdo con los datos utilizados por la Fundación Libertad.

Santiago del Estero aparece después, con cinco empleados por representante, y Córdoba, con ocho. En el extremo opuesto se encuentran Corrientes, con unos 72 trabajadores por legislador; Chaco, con 70, y Formosa, con 62.

En San Luis, además, el 72,9% del presupuesto legislativo informado corresponde a gastos de personal. El porcentaje contempla la estructura laboral de las cámaras y no solamente las remuneraciones de los diputados y senadores. Entre las jurisdicciones que aportaron ese dato al estudio, se trata del segundo porcentaje más bajo, detrás de Santa Fe, con 64,6%. El promedio nacional se ubica en torno al 84%.

Pero el dato que vuelve particularmente llamativa la comparación con San Luis aparece cuando se observan las remuneraciones de sus legisladores.

El hecho de que la Legislatura puntana tenga un presupuesto relativamente reducido por representante no significa que sus diputados y senadores estén entre quienes menos cobran. De acuerdo con una comparación publicada por La Gaceta Digital, San Luis se encontraba en 2025 entre los distritos con mayores remuneraciones para sus legisladores provinciales.

La explicación está relacionada con un mecanismo particular vigente en la Legislatura puntana desde 2011: el denominado “módulo extra”.

El sistema fue establecido mediante una ley sancionada el 22 de diciembre de 2011, durante la primera gobernación de Claudio Poggi. La norma estableció un módulo adicional equivalente al importe bruto del sueldo de cada legislador y fijó, al mismo tiempo, la cantidad de cargos de planta permanente de la Legislatura.

El mecanismo modificó la forma en que se afrontan determinados gastos vinculados con asesores y colaboradores. Los legisladores reciben ese concepto y, según el esquema establecido, deben afrontar con esos recursos determinados gastos que anteriormente estaban contemplados dentro de la estructura legislativa.

Esto ayuda a explicar una particularidad de las estadísticas: los dos empleados por legislador consignados por Fundación Libertad corresponden a la estructura de trabajadores que figura dentro de las cámaras y no necesariamente reflejan la totalidad de las personas que trabajan para cada representante.

En otras palabras, el número no permite concluir que cada diputado o senador puntano trabaje solamente con dos personas. El esquema de contratación y pago de asesores y colaboradores por parte de cada legislador queda fuera de esa medición de empleados de planta.

La discusión sobre este sistema también abre un interrogante sobre el nivel de información pública disponible respecto del destino de esos recursos. Para evaluar en detalle cómo se utilizan los fondos destinados a asesores y colaboradores sería necesario acceder a las rendiciones individuales y a información actualizada que permita identificar los servicios contratados y los montos involucrados.

El caso de San Luis muestra así una combinación poco habitual en la comparación entre legislaturas provinciales: un presupuesto legislativo muy bajo en relación con la cantidad de representantes y, al mismo tiempo, remuneraciones individuales que se encuentran entre las más elevadas del país.

El dato de Fundación Libertad permite medir el costo global de la estructura legislativa, pero no alcanza por sí solo para determinar cuánto recibe efectivamente cada diputado o senador.

Son dos indicadores diferentes y, en el caso puntano, muestran dos caras de una misma estructura: una Legislatura con una planta permanente reducida y un presupuesto total relativamente bajo, pero con un mecanismo particular para complementar los ingresos de sus representantes y financiar parte de sus equipos de trabajo.