El Colegio de Abogados de San Luis demandó al Estado por la reducción de la feria judicial

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis (CAPSL) presentó una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la ley que redujo la duración de la feria judicial en la provincia. La acción fue presentada el 1° de julio y se hizo pública este lunes 31 de agosto, luego de que la institución recibiera consultas de sus matriculados.

El presidente del CAPSL, Gabriel Alessandro, explicó que la decisión de recurrir a la Justicia había sido tomada por los matriculados a fines del año pasado, después de la sanción de la norma. En aquel momento se realizó una reunión ampliada en la que se analizaron los alcances de la modificación y se resolvió avanzar con el planteo judicial.

Uno de los principales argumentos de la demanda apunta a una cuestión institucional. Según el Colegio, la ley “afecta gravemente la Constitución” porque supone “una invasión de las atribuciones del Poder Judicial por parte de otro poder”.

Alessandro cuestionó particularmente que los poderes Ejecutivo y Legislativo hayan intervenido en cuestiones vinculadas con la organización y el funcionamiento de la Justicia que, según la postura de la entidad, corresponden al ámbito del Poder Judicial.

El reclamo también incorpora cuestiones relacionadas directamente con el ejercicio profesional. “Entendemos sumamente importantes para los profesionales del Derecho la afectación del trabajo profesional, la afectación del derecho al descanso, la organización de los tribunales y de los despachos particulares de cada abogado”, sostuvo el presidente del Colegio.

Desde la entidad también rechazaron la idea de que la feria judicial represente un período en el que la actividad de los tribunales se paraliza por completo.

“La feria judicial o el receso judicial no es un período en el cual los tribunales cierran o la Justicia se cierra y no se atiende ningún tipo de causa. No es como bajar la persiana del negocio que se va de vacaciones”, explicó Alessandro.

Según su planteo, durante la feria la actividad continúa, aunque con un menor volumen de trabajo y con atención de los asuntos que corresponden. El receso permite además concentrar las licencias del personal judicial y facilitar la reorganización de los tribunales y de los estudios jurídicos.

En ese punto, el Colegio advierte que la reducción del período de feria podría generar un efecto contrario al buscado. Alessandro sostuvo que los trabajadores judiciales que cuentan con 20 o 30 días de vacaciones deberán distribuir parte de esas licencias durante el resto del año.

“Los juzgados van a estar abiertos, pero el personal va a estar de vacaciones”, resumió.

Para el titular del CAPSL, esto podría generar mayores dificultades en la prestación del servicio de Justicia y en la organización de los despachos profesionales. “Va a producir mayor perjuicio, mayor desbarajuste que lo que estamos viviendo actualmente”, afirmó.

El Colegio ya había expresado su rechazo a la reforma durante su tratamiento legislativo y participó de reuniones en la Legislatura para plantear sus objeciones. Según recordó Alessandro, representantes de la institución expusieron sus argumentos incluso hasta el día previo al debate en el recinto.

La entidad cuestiona además uno de los fundamentos utilizados para impulsar la modificación: la posibilidad de reducir la mora judicial mediante una feria más corta.

A criterio de Alessandro, no existe una relación directa entre la duración del receso y la demora en los procesos. “Esto no va a pasar, lo intentamos decir de mil maneras y creo que no fuimos escuchados”, sostuvo.

“La iniciativa primero era eliminar la feria judicial y, después de habernos escuchado, se logró la reducción. Pero nuestros argumentos no fueron entendidos en su completitud”, agregó.

La causa ya comenzó a transitar su etapa procesal. Actualmente se corrió vista al Procurador General, quien deberá expedirse sobre la admisibilidad formal del planteo. Una vez cumplida esa instancia, el expediente regresará al Superior Tribunal de Justicia.

Alessandro explicó que, por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, la causa tiene un trámite diferente al de un proceso ordinario. La competencia corresponde de manera originaria al Superior Tribunal de Justicia, que será el encargado de analizar y resolver el planteo presentado por el Colegio de Abogados.