Compró dos iPhone por $2,6 millones con una tarjeta robada: fue imputado y seguirá en libertad

Un joven de 20 años fue imputado por el delito de estafa mediante la utilización de una tarjeta de crédito hurtada o extraviada, previsto en el artículo 173, inciso 15, en relación con el artículo 45 del Código Penal, luego de que la Fiscalía le atribuyera haber utilizado una tarjeta Visa sustraída para comprar dos teléfonos iPhone 13 Pro Max.

La audiencia se realizó este lunes ante el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, quien explicó cómo se inició la investigación y cuáles son los elementos reunidos hasta el momento.

La tarjeta había sido sustraída de una camioneta

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho original ocurrió el pasado 5 de junio. Una camioneta Volkswagen Amarok se encontraba estacionada cuando autores desconocidos rompieron uno de sus vidrios y sustrajeron del interior una mochila.

En el bolso había documentación y distintas tarjetas bancarias pertenecientes al propietario del vehículo.

Según la investigación, posteriormente una de esas tarjetas, una Visa, habría sido utilizada para realizar compras por un total de $2.650.000 en un comercio ubicado sobre calle Belgrano, en la ciudad de San Luis.

Assat señaló que con la tarjeta se adquirieron dos teléfonos iPhone 13 Pro Max. Además, el joven investigado habría mostrado interés por una motocicleta que se encontraba a la venta en el mismo establecimiento.

La Fiscalía sostuvo que el acusado pudo ser identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, junto con otras medidas incorporadas durante la investigación.

Entre los elementos mencionados durante la audiencia se encuentran la denuncia de la víctima y su ampliación, el testimonio del propietario del comercio, los registros de las operaciones realizadas, fotografías e imágenes de los locales y el resumen correspondiente a la tarjeta de crédito.

“Naturalmente se puede ver al imputado realizando estas compras”, afirmó Assat al referirse a los registros fílmicos incorporados al expediente.

La Defensa reconoció el uso de la tarjeta

El joven se abstuvo de declarar durante la audiencia y fue representado por la abogada María de los Ángeles De Pascuale.

La Defensa no cuestionó las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía y destacó que se trata de una persona de 20 años, sin antecedentes penales.

Además, planteó como posibilidad una reparación integral del perjuicio económico ocasionado. Según explicó la abogada, su asistido manifestó su intención de devolver los $2.650.000 correspondientes a las compras realizadas con la tarjeta de la víctima y ofrecer sus disculpas.

La Defensa reconoció que el joven utilizó la tarjeta, aunque realizó una aclaración respecto del hecho original: sostuvo que, según la versión de su asistido, él no fue quien sustrajo la tarjeta de la camioneta, sino que la habría encontrado y posteriormente decidió utilizarla.

A partir de esa situación, solicitó que durante el plazo de las medidas de coerción se intente alcanzar un acuerdo de reparación integral con la víctima o, eventualmente, avanzar con un criterio de oportunidad que permita resolver el conflicto sin llegar a un juicio.

Seguirá en libertad

En cuanto a las medidas de coerción, el fiscal Assat explicó que el joven había comparecido a la audiencia luego de ser citado y que se encontraba en libertad. Por ese motivo, solicitó medidas menos gravosas durante un plazo de 60 días.

El pedido consistió en la obligación de firmar el libro de la Fiscalía y la prohibición de salir de la provincia durante ese período.

El fiscal consideró que ese plazo permitiría avanzar con la investigación y eventualmente dejar la causa en condiciones de ser elevada a juicio o analizar una salida alternativa, especialmente teniendo en cuenta el perjuicio económico señalado.

El juez Flores Leyes hizo lugar al planteo y dispuso que el imputado continúe el proceso en libertad.

Durante los próximos 60 días deberá cumplir dos reglas de conducta: firmar el libro de la Fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes y no salir de la provincia, salvo por motivos de salud, urgencia o trabajo que sean comunicados previamente.

El magistrado tuvo especialmente en cuenta la edad del acusado y la ausencia de antecedentes al considerar que una medida de mayor gravedad podría resultar perjudicial.

El juez pidió analizar una reparación

Al momento de resolver la situación procesal, Flores Leyes consideró que la Fiscalía había presentado elementos suficientes para esta etapa inicial y que no se advertían vicios formales que impidieran tener por formulados los cargos.

De esta manera, la investigación continuará con el joven formalmente imputado y en libertad.

Además, frente al ofrecimiento realizado por la Defensa para reparar el perjuicio económico, el juez invitó a la Fiscalía a analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la víctima.

El magistrado señaló que, al tratarse de un delito de carácter patrimonial, en principio no existiría un impedimento para evaluar una reparación integral. En caso de que el acuerdo no pudiera concretarse mediante la intervención de la Fiscalía, habilitó a la Defensa a presentar formalmente la propuesta ante el juzgado.

La causa continuará ahora con el desarrollo de las medidas de investigación pendientes. Mientras tanto, el imputado deberá cumplir estrictamente las reglas de conducta fijadas por el juez y queda a disposición de la Justicia en el marco del proceso.