Malvinas: el Gobierno prepara nuevas denuncias penales contra empresas y sus directivos

El Gobierno anunció nuevas denuncias penales contra empresas que, según sostiene, desarrollan actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina vinculadas con las Islas Malvinas. Las presentaciones no estarán dirigidas únicamente contra las compañías: también buscarán individualizar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en las decisiones relacionadas con esas actividades.

La medida fue comunicada este miércoles por la Oficina del Presidente, que informó que las acciones judiciales se instrumentarán mediante la ampliación de procesos que ya se encuentran en trámite y a través de la apertura de nuevas causas. El Ejecutivo sostuvo que apunta a determinar responsabilidades individuales entre quienes, de acuerdo con su denuncia, hayan intervenido en actividades que considera contrarias a la legislación argentina.

El nuevo anuncio profundiza una serie de medidas que el Gobierno viene adoptando desde comienzos de septiembre en relación con la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas.

El lunes 7 de septiembre, la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno y con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según el Gobierno, algunas de esas empresas contarían con licencias otorgadas por las autoridades británicas para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La ofensiva judicial se suma a los procedimientos sancionatorios iniciados por el Ejecutivo. El 4 de septiembre fueron alcanzados 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, y el martes 8 se incorporaron otros 15. De esta manera, el Gobierno informó que ya son 60 los sujetos incluidos en procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659.

La norma establece restricciones para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin la correspondiente habilitación de las autoridades nacionales. También contempla la posibilidad de inhabilitar por entre cinco y 20 años a quienes incumplan las prohibiciones previstas por la ley.

Nuevas causas, pero sin empresas identificadas

A diferencia de la denuncia presentada el lunes y del anuncio del martes, el comunicado difundido este miércoles no menciona cuáles serán las nuevas empresas alcanzadas por las acciones penales.

La Oficina del Presidente sí anticipó que las presentaciones podrán involucrar a quienes ocupen cargos de dirección o administración en las compañías y a otras personas que hayan participado en las decisiones vinculadas con las actividades investigadas.

El Gobierno sostuvo que las nuevas acciones buscan avanzar sobre las responsabilidades individuales y no limitarse exclusivamente a las personas jurídicas. La estrategia apunta, según el comunicado oficial, a utilizar las herramientas judiciales y administrativas disponibles para impedir actividades hidrocarburíferas que el Estado argentino considera ilegales.

Un nuevo marco para acelerar las sanciones

La ofensiva también se apoya en el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, que modificó el procedimiento administrativo previsto para investigar posibles infracciones a la Ley 26.659.

Entre otras medidas, el decreto estableció reglas específicas para acelerar los procedimientos y fijó un plazo de 10 días hábiles administrativos para que los presuntos infractores presenten su descargo. También designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.

El Gobierno también incorporó nuevas exigencias para quienes busquen obtener determinados permisos o concesiones hidrocarburíferas, entre ellas declaraciones juradas destinadas a garantizar el cumplimiento de la Ley 26.659.

La estrategia forma parte de un paquete más amplio de medidas sobre Malvinas que incluye el proyecto de una nueva legislación para ampliar las herramientas de sanción y el desarrollo de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

En paralelo, el Gobierno prevé incorporar el proyecto de infraestructura militar y logística dentro de las prioridades del Presupuesto 2027, cuya presentación ante el Congreso está prevista para el 15 de septiembre.

De esta manera, la administración de Javier Milei combina la vía administrativa, las denuncias judiciales y nuevas iniciativas legislativas para profundizar su estrategia sobre las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas. Por ahora, las nuevas empresas y personas que serán denunciadas penalmente todavía no fueron identificadas oficialmente.