Caso GEPU: la defensa contraataca y niega desvío de fondos

La defensa del presidente de GEPU, Néstor Hugo Páez, salió a responder este jueves a las acusaciones en su contra y negó la existencia de desvío de fondos en la institución, al tiempo que denunció una supuesta maniobra política para intervenir el club y cuestionó al exministro Pedro Canali.

La causa judicial investiga una presunta administración fraudulenta y hurto en el manejo de fondos provenientes de cuotas sociales, alquileres de instalaciones y otras actividades del club. Por el hecho fueron imputados Páez, su esposa, su hija, su yerno y otras autoridades vinculadas a la entidad.

En una conferencia de prensa realizada en la cancha de básquet de GEPU, los abogados defensores Adriel Cabello y Hugo Scarso rechazaron los cargos y sostuvieron que la investigación responde a un conflicto institucional y no a irregularidades penales.

Cabello aseguró que en los últimos días se difundió “una versión sesgada” de los hechos y afirmó que la actual conducción decidió dar una respuesta pública para aclarar su postura. Además, vinculó la denuncia a una disputa interna por el control del club.

Scarso fue más allá y apuntó directamente contra el exministro Pedro Canali, a quien responsabilizó de impulsar una maniobra para recuperar el control institucional de GEPU tras las elecciones de 2025. Según la defensa, ya se presentó una denuncia por presunta asociación ilícita que será ampliada con nueva documentación.

Uno de los ejes del expediente es una cuenta de Mercado Pago vinculada al número telefónico de Florencia Páez Ferrari. La defensa sostuvo que esa cuenta fue creada en 2018, durante la gestión de Canali, y que siempre estuvo asociada al CUIT institucional del club, siendo utilizada para operaciones administrativas.

También rechazaron versiones sobre un supuesto desvío de 4,5 millones de pesos desde la Escuela Generativa del club hacia cuentas personales. Según los abogados, se trató de transferencias entre cuentas institucionales destinadas a cubrir gastos de funcionamiento.

Scarso explicó además que la formulación de cargos no implica una condena ni una prueba de delito, y destacó que la jueza de la causa rechazó el pedido de la querella para imputar asociación ilícita y medidas como la prisión preventiva.

Para la defensa, el conflicto excede lo judicial y se inscribe en una disputa política por el control de la institución. En ese sentido, anticiparon que la actual comisión directiva ampliará la denuncia con nuevas pruebas sobre presuntas irregularidades en la gestión anterior.

Mientras la investigación avanza, el caso GEPU se consolida como un conflicto con derivaciones judiciales, institucionales y políticas, con acusaciones cruzadas y un escenario aún abierto en los tribunales.