Andis en San Luis: oficinas cerradas desde abril dejan a personas con discapacidad sin pensiones
Las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad en San Luis están cerradas desde abril, dejando a cientos de beneficiarios sin respuestas ni pagos. Casos como el del peluquero Sebastián Pinela muestran la gravedad de la situación. La Defensoría del Pueblo emitió una resolución que señala la falta de coordinación y acceso a la información.
Por María Cruz*
Desde abril, las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en San Luis permanecen cerradas, generando un vacío en la atención de personas con discapacidad. Esta situación dejó sin pensión no contributiva a beneficiarios como Sebastián Pinela, un peluquero de La Punta, y reveló la falta de respuesta de organismos estatales.
Pinela, beneficiario de la pensión desde 2011, denunció que desde julio dejó de recibir los pagos sin notificación ni explicación. El hombre sufrió un traumatismo ocular en 2004 por una bala de goma policial, y depende de medicación diaria para aliviar el dolor. Además, la pandemia y el cierre de su peluquería profundizaron su situación económica y emocional.
Al buscar soluciones, Pinela se encontró con el cierre de las oficinas de Andis y la falta de respuestas en Anses. Incluso tuvo que recuperar su historia clínica eliminada en el hospital central, aunque aún presente en su expediente judicial.
La Defensoría del Pueblo, a cargo de Guillermo Belgrano Rawson, reconoció que las pensiones no contributivas buscan proteger a sectores vulnerables, y consideró que la suspensión de pagos “impide ejercer reclamos debido a que Andis se encuentra cerrada desde abril”. También advirtió sobre la ausencia de información en plataformas digitales y la falta de articulación con la Secretaría de Estado de Personas con Discapacidad de San Luis.
El organismo recomendó la reapertura inmediata de las oficinas de Andis y la colaboración activa de la Secretaría provincial para garantizar acceso a la información. Mientras tanto, cientos de personas con discapacidad continúan en la incertidumbre, evidenciando un vacío administrativo que afecta directamente sus derechos y su sustento económico.
