29 marzo, 2024

Alertan por reactivación de 16.000 juicios de desalojo tras vencer el decreto que los prohibe

Un total de 16.000 juicios de desalojo iniciados en 2020 y que no fueron ejecutados por la prohibición del DNU comenzarían a reactivarse en CABA a partir de los próximos días generando una «grave crisis habitacional y sanitaria».

Por Alejo Pombo

Un total de 16.000 juicios de desalojo iniciados en 2020 y que no fueron ejecutados por la prohibición de desahucios que impuso el DNU 320/20 comenzarían a reactivarse en CABA a partir de los próximos días generando una «grave crisis habitacional y sanitaria», advirtieron desde Inquilinos Agrupados.

La entidad emitió un duro comunicado denunciando la difícil situación a la que se exponen miles de familias inquilinas tras la interrupción de la vigencia del DNU 320/20, que hasta el 31 de marzo pasado congeló los alquileres y suspendió los desalojos.

«El DNU suspendió la ejecución de los desalojos, pero no la tramitación de las causas, que en este tiempo se iniciaron y se cursaron igual, hasta dictarse sentencias», indicó la entidad en el comunicado distribuido ayer.

Según Inquilinos Agrupados, esas sentencias aguardaban a que caducase el DNU 320 para ejecutarse. «Caído el DNU, desde el lunes 5/4 se ejecutan las sentencias sin condición ni previsión estatal de ningún tipo, en plena segunda ola de contagios cada vez más complejos por las nuevas cepas que ya circulan», señaló .

Al fijar su posición frente al Protocolo nacional de alerta «temprana» de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales, la entidad consideró que «esta población no cuenta con ninguna protección del Estado, nada». Y advirtió que «por la exposición al contagio que implica los desalojos y la pérdida de la vivienda (búsqueda desesperada de alquiler, hacinamiento, situación de calle) la vida de estas personas está en riesgo».

Al describir la crisis habitacional que se avecina, Inquilinos Agrupados explicó que según datos de la Cámara Nacional Civil «en sólo 45 días de 2020 se iniciaron la mitad de los juicios de desalojo que en todo 2019, que fueron unos 4200».

«Esto nos da una estimación de alrededor de 16.000 juicios de desalojo comenzados en 2020, solo en Capital Federal, que esperan luz verde para ejecutarse», aseguró Andrés Bernal, abogado de la entidad.

Según Bernal, «esa cifra hay que multiplicarla por 4 y hasta por 20 en los inquilinatos para tener una cantidad estimada de las personas que quedarían en la calle».

Para el letrado «estamos ante una situación gravísima donde se prepara un escenario de crisis habitacional y humanitaria por la cantidad de juicios agolpados en los juzgados y que ahora pasarán a la oficina de lanzamientos en plena segunda ola de pandemia».

A raíz de esta situación, la entidad de inquilinos presentó el lunes pasado un recurso de amparo ante el juzgado 6° del fuero Contencioso Administrativo federal pidiendo una medida cautelar, al tiempo que elevó tres requerimientos de acceso a la información «para conocer a ciencia cierta cuál es el universo de posibles damnificados».

Los pedidos de información fueron cursados a los ministros de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi y de Salud, Carla Vizzoti, en tanto que el tercero (el único que hasta ahora fue respondido) fue girado al ministerio de Justicia.

Por su parte, la medida cautelar solicitó que «se ordene al PEN instrumentar la inmediata suspensión de la ejecución de desalojos de vivienda en emergencia sanitaria hasta que se encuentren en plena vigencia herramientas adecuadas para garantizar LA VIDA, la salud, la vivienda y derechos conexos de inquilinos/ as pasibles de ser desalojados».

Al advertir sobre el riego sanitario que se avecina, Inquilinos Agrupados destacó que en aquellas ciudades y países del mundo donde se levantó sin previsión estatal la suspensión de la ejecución de desalojos se disparó la curva de contagios y muertes.

Por otra parte, señaló que «es falso que el protocolo publicado en el BO atienda este peligro. Este protocolo es apenas un proyecto, que ni siquiera traza lineamientos generales para constituir a futuro un marco de actuación para atender y contener justamente todo lo que denunciamos que está sucediendo ahora mismo».

«Perder la vivienda en pandemia puede significar perder la vida, refiere la ONU. También, que nadie puede quedar en una situación de indefensión frente al virus. Eso es justamente lo que sucede hoy, con inquilinos buscando desesperados nuevos alquileres, hacinándose o quedando en situación de calle», añadió el comunicado.

Finalmente se señala que «el protocolo es discriminatorio, porque se refiere a alquileres formales, dejando fuera al 40% más vulnerable que alquila en la informalidad, y contradictorio, porque plantea la registración previa en AFIP, siendo esa una obligación que apenas alcanza a los contratos firmados con posterioridad a julio de 2020 (que no tendrían que estar judicializados)».

«Hasta el día de hoy, sólo se han registrado 52100 en AFIP y aún no está disponible la opción para que lo hagan los inquilinos», finalizó el comunicado. (Popular)