El Gobierno y la CGT acordaron con el oficialismo en el Congreso avanzar en una regulación normativa del teletrabajo, una modalidad que registró un crecimiento exponencial obligado por la dinámica de la pandemia.
El entendimiento contempla un tratamiento parlamentario exprés de un núcleo de derecho, garantías y límites para el ejercicio laboral casero y dejar sujeto a cada convenio colectivo de trabajo la articulación posterior según la actividad a desarrollar.En el Ministerio de Trabajo y en la central obrera confirmaron la existencia de esas coincidencias, compartidas por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Héctor Daer, cotitular de la CGT, abordó el tema con el tigrense y también con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Cerca del jefe de la cartera laboral confirmaron que el objetivo será tratarlo en el corto plazo para explorar la aplicación de la normativa incluso en el contexto del aislamiento social por coronavirus.
En el Congreso se presentó una veintena de proyectos legislativos, la mayor parte de ellos del Frente de Todos, para regular el teletrabajo. Buena parte de los impulsados por el oficialismo tiene que ver con el sector referenciado en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), por parte de diputados como Vanesa Siley (judiciales, Sitraju), Walter Correa (curtidores) y Claudia Ormachea. En paralelo el Ejecutivo inició un contacto más fluido con el equipo de asesores de la CGT para imprimirle velocidad al tratamiento parlamentario de la iniciativa.
Una de las opciones es una reforma acotada de la ley de Contrato de Trabajo para incorporarle un capítulo relacionado con el teletrabajo. O bien, imprimirle un cambio a la ley de Economía del Conocimiento que impulsa el Ejecutivo. Hasta anoche en la cartera laboral había dudas sobre la herramienta para avanzar en la normativa pero en cambio había coincidencias en que cualquiera fuese el mecanismo existía el consenso suficiente como para agilizar su tratamiento.
Entre los puntos de acuerdo existía la noción de que deberá ser protegido el trabajador en relación de dependencia al que se le planteara la alternativa del teletrabajo. En ese sentido, está previsto que tendrá la opción de acogerse a las nuevas condiciones de labor por un plazo a definir (en algunos proyectos se menciona 180 días) con la posibilidad de retomar las pautas previas de no ser satisfactorio el resultado para el dependiente.
En la CGT explicaron ese escenario como la instrumentación de un “derecho voluntario y reversible”. En la jerga jurídica se trata del “ius variandi”, la herramienta que los empleadores pueden utilizar para modificar las condiciones de trabajo de sus trabajadores en relación de dependencia. La normativa también deberá contemplar la garantía del derecho a la privacidad (los márgenes de exposición en las teleconferencias, por ejemplo) y a la desconexión en horarios no laborales.
También hay consenso respecto de la responsabilidad del empleador en la provisión de la tecnología necesaria para garantizar la labor hogareña, tanto respecto del hardware como del software del personal. Mientras que el empresario, como contrapartida, tendrá derechos de control sobre el uso del material provisto.
Otro ítem que cuenta con aval del Ejecutivo y la CGT es que los trabajadores tendrán el mismo derecho de sindicalización que los presenciales, así como a la percepción de una remuneración acorde. Las adecuaciones de esa norma general a cada actividad deberán corresponder a las discusiones en cada convenio colectivo de trabajo.
El tratamiento diferencial quedará reservado para los nuevos trabajadores de la actividad. Es decir que un asalariado contratado por una empresa luego de la sanción de la norma quedará sujeto a los parámetros resueltos para la labor domiciliaria y no correrán en su caso las concesiones para los trabajadores preexistentes que quieran acogerse a los períodos de prueba.
