San Luis aprobó una ley para certificar espacios seguros para mujeres
La iniciativa obtuvo 21 votos afirmativos y 8 negativos en la Cámara de Diputados de San Luis. Propone capacitaciones, un registro público y una certificación voluntaria para instituciones que trabajen en la prevención de las violencias. También establece beneficios para las entidades adheridas, un punto que generó cuestionamientos durante el debate.
La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción este miércoles 4 de noviembre al proyecto de Ley de Entornos Seguros y Respetuosos para las Mujeres. La iniciativa fue aprobada por 21 votos afirmativos y 8 negativos y propone crear un programa provincial de capacitación y un sistema voluntario de certificación para instituciones comprometidas con la prevención de las violencias y la igualdad de trato.
El proyecto contempla la creación de un Registro Provincial de Instituciones Comprometidas con el Respeto, la Igualdad de Trato y la Prevención de las Violencias hacia las Mujeres. La inscripción será gratuita, voluntaria y el registro tendrá carácter público.
La autoridad de aplicación será la Dirección Integral de Mujer, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, o el organismo que en el futuro la reemplace.
Entre sus responsabilidades estará organizar capacitaciones destinadas a integrantes de organizaciones sociales, personal de atención al público y personas que realicen tareas de orientación y acompañamiento en espacios comunitarios.
Cómo funcionará el sistema de certificación
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el Sistema Provincial de Certificación de Entornos Seguros y Respetuosos para las Mujeres. Las instituciones que decidan adherir deberán acreditar su participación en instancias de formación, desarrollar acciones de prevención y sensibilización y contar con pautas para orientar y derivar casos de violencia o vulneración de derechos.
La certificación tendrá una vigencia de un año y podrá renovarse después de una evaluación. Además, las entidades deberán exhibirla en lugares visibles junto con información sobre los canales oficiales de asistencia, orientación y denuncia.
El proyecto también establece un mecanismo de reconocimiento para las instituciones certificadas: tendrán prioridad en los procesos de evaluación y asignación de programas provinciales de fortalecimiento institucional, subsidios, asistencia técnica, convenios y aportes no reintegrables.
La reglamentación deberá definir cómo se valorará el compromiso de cada organización para acceder a esos beneficios.
Cuestionamientos por los subsidios y la aplicación de la ley
Durante el debate, la diputada justicialista Silvia Sosa Araujo cuestionó distintos aspectos de la propuesta. Consideró que varias disposiciones podrían haberse incorporado a la Ley Micaela y objetó que las instituciones adheridas voluntariamente obtengan prioridad para acceder a programas y subsidios provinciales.
También advirtió que el proyecto no establece montos ni criterios presupuestarios específicos para esos beneficios. Según su planteo, existe el riesgo de que la certificación termine convirtiéndose, en la práctica, en una condición para acceder a recursos del Estado.
Por su parte, la diputada Marina Garro, del bloque San Luis Primero, defendió la iniciativa y sostuvo que la Provincia debe reconocer a las organizaciones que asuman un compromiso activo con la prevención de las violencias.
Garro rechazó que el proyecto tenga una finalidad electoral y explicó que durante el tratamiento se eliminaron disposiciones redundantes, además de incorporarse precisiones sobre la autoridad de aplicación.
El recorrido legislativo
La iniciativa había avanzado previamente en la Comisión de Promoción de la Equidad de Género y las Juventudes, donde se debatió con la participación de funcionarios de la Dirección Integral de Mujer, Género y Diversidad.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo en el Senado para convertirse en ley.
