Denunciaron a Claudio Poggi por presunto enriquecimiento ilícito

El diputado nacional Ernesto Alí amplió una denuncia contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, encubrimiento agravado y omisión maliciosa. La presentación cuestiona la evolución del patrimonio declarado por el mandatario y solicita investigar propiedades registradas a nombre de integrantes de su familia.

Según la denuncia, basada en información de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales, María Victoria Poggi, hija del gobernador, figura como titular de ocho inmuebles; su hijo, Federico Poggi, de otros cinco, y su esposa, Sandra Mabel Correa Sosa, de cuatro. En total, se señalan 17 propiedades vinculadas al grupo familiar.

La acusación sostiene que algunos bienes podrían estar registrados a nombre de familiares mientras el gobernador conservaría su usufructo o disponibilidad. Esa hipótesis deberá ser investigada y acreditada en el ámbito judicial: la existencia de propiedades a nombre de familiares, por sí sola, no demuestra una maniobra ilegal.

El abogado Leonardo Martínez Herrero, representante legal de Alí, solicitó medidas para establecer las características, superficies, valuaciones fiscales y fechas de adquisición de los inmuebles. También pidió requerir información tributaria a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) e informes a entidades bancarias y financieras.

Otro de los ejes de la presentación es la evolución de las declaraciones patrimoniales de Poggi durante su paso por el Congreso. De acuerdo con los datos citados por el denunciante, el patrimonio neto declarado pasó de $9,3 millones en 2017 a casi $79,6 millones al cierre de 2022. La denuncia también plantea interrogantes sobre las valuaciones inmobiliarias y las diferencias entre distintas presentaciones patrimoniales.

Entre los ejemplos mencionados figura un terreno en Alpa Corral cuyo valor declarado habría aumentado de aproximadamente $944.000 a $6,7 millones durante 2022. El planteo busca que la Justicia determine cómo se calcularon esas valuaciones y si los movimientos patrimoniales cuentan con respaldo documental suficiente.

La presentación fue remitida desde los tribunales federales de Comodoro Py a la Justicia Federal de San Luis, luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa se declararan incompetentes. En esa jurisdicción ya existía una denuncia previa impulsada por el abogado Gustavo Reviglio, cuyo trabajo periodístico dio origen a la investigación.

Por el momento, los señalamientos forman parte de denuncias que requieren investigación y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de culpabilidad. El avance de las medidas solicitadas será clave para esclarecer el origen de los bienes, su titularidad efectiva y la correspondencia entre el patrimonio y los ingresos declarados.