San Luis aprobó una reforma judicial con 25 votos a favor, los fiscales la cuestionaron

La Cámara de Diputados de San Luis convirtió en ley una reforma del sistema judicial provincial, por 25 votos a favor y 11 en contra. La iniciativa modifica la organización de las fiscalías y defensorías públicas, redefine las funciones de los jueces de ejecución penal y actualiza el funcionamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas.

El proyecto, impulsado por el Gobierno provincial y aprobado previamente por el Senado, generó cuestionamientos de legisladores opositores y fiscales de las tres circunscripciones judiciales. Durante el debate, el oficialismo defendió los cambios como una herramienta para reducir las demoras en los procesos y mejorar la prestación del servicio de Justicia, mientras que la oposición reclamó mayores fundamentos técnicos y consenso con los trabajadores del sector.

Las críticas por la reorganización de las fiscalías

Uno de los puntos más discutidos fue la modificación de las funciones del Ministerio Público Fiscal. La semana pasada, fiscales de las tres circunscripciones habían solicitado una reunión urgente con el procurador general, Sebastián Cadelago Filippi, y expresado su preocupación por la posibilidad de asumir más responsabilidades sin mejoras salariales ni mayores recursos humanos y materiales.

La diputada María José Zanglá, del bloque Unidad Justicialista, cuestionó que la reforma se tratara mediante modificaciones parciales y reclamó una actualización integral de la Ley Orgánica de Administración de Justicia. También señaló que, a su criterio, faltaban estadísticas e información sobre los tiempos de demora y la productividad del sistema.

Zanglá sostuvo que los cambios debían discutirse con participación de los trabajadores judiciales y cuestionó la falta de consenso. Durante su intervención, además, relató una respuesta atribuida al procurador general que consideró inapropiada frente a las inquietudes de los fiscales.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque Ahora San Luis, Eugenia Gallardo, defendió la iniciativa y afirmó que fue elaborada junto con autoridades del Poder Judicial, la Procuración, la Defensoría y el Ejecutivo. Sostuvo que el objetivo central es reducir la mora judicial y mejorar la respuesta a quienes necesitan recurrir a los tribunales.

La reforma establece que los fiscales podrán intervenir en distintas etapas de los procesos penales. También habilita la reasignación de los actuales fiscales de juicio a cargos de fiscal coordinador o fiscal penal. Si la reasignación implica un cambio de lugar de trabajo, será necesario el consentimiento expreso del funcionario, y el proceso deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Además, la Procuración y la Defensoría General podrán reorganizar sus equipos y crear unidades temporales o especializadas para atender causas que requieran conocimientos técnicos específicos o una distribución diferente de la carga de trabajo.

Nuevas funciones para los jueces de ejecución penal

La ley redefine las competencias de los jueces encargados de controlar el cumplimiento de las condenas. Entre sus atribuciones se encuentran resolver pedidos de salidas transitorias, semilibertad, libertad asistida, libertad condicional y prisión domiciliaria.

También deberán supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas a las personas condenadas y resolver posibles revocaciones de beneficios. Las decisiones que adopten podrán ser apeladas ante el Colegio de Jueces.

Cambios en la Defensa Pública

La norma amplía las atribuciones del defensor general, que tendrá responsabilidades de supervisión sobre las defensorías, administración de recursos y organización del trabajo. También contempla mecanismos para garantizar la representación legal de personas detenidas, niños, niñas, adolescentes y personas que necesiten apoyos específicos.

Otro punto relevante es la regulación de los honorarios de la Defensa Pública. En causas penales, las personas imputadas que cuenten con recursos económicos suficientes deberán afrontar los gastos de su defensa. Quienes no puedan pagarlos quedarán eximidos.

En causas no penales, la ley establece pautas para el pago de honorarios cuando los defensores públicos intervengan en representación de la contraparte vencida. Los fondos recaudados se destinarán a capacitación y al fortalecimiento del servicio, de acuerdo con la reglamentación.

Qué cambia en el Registro de Huellas Genéticas

La reforma también introduce modificaciones en el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Las muestras biológicas podrán analizarse en el Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial o en otros organismos públicos autorizados mediante convenios.

Además, habilita al Ministerio Público Fiscal a establecer acuerdos para intercambiar información con registros genéticos de organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales, siempre que sus objetivos sean compatibles con la normativa.

La Procuración deberá reglamentar los procedimientos de toma y conservación de muestras, la cadena de custodia y los requisitos técnicos para acreditar a los organismos que realicen los análisis.

Con la sanción definitiva, el Gobierno provincial podrá avanzar con la implementación de los cambios. La discusión política, sin embargo, dejó expuestas diferencias sobre los fundamentos técnicos de la reforma, sus efectos sobre las condiciones laborales y las herramientas necesarias para alcanzar una mayor eficiencia judicial.