Fuerte cruce entre el Gobierno y los productores por las semillas

La negociación para reformar la Ley de Semillas terminó sin acuerdo y abrió una nueva controversia entre el Gobierno de Javier Milei y las entidades agropecuarias. Según publicó La Política Online, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, habría advertido durante una reunión que el Ejecutivo avanzaría con una propuesta elaborada junto a las grandes empresas semilleras, entre ellas Bayer.

“Voy a redactar la ley con Bayer, necesitamos insertarnos en el mundo”, habría dicho el funcionario, de acuerdo con el testimonio de uno de los participantes citado por ese medio. La frase no pudo ser verificada de manera independiente. El encuentro se realizó el miércoles en la Secretaría de Agricultura y reunió a representantes de las compañías y de las entidades rurales, pero no logró acercar posiciones.

El conflicto gira en torno a una cuestión clave para la producción agropecuaria: el derecho de los productores a reservar semillas de su propia cosecha para volver a sembrarlas y las condiciones bajo las cuales deben pagar regalías a quienes desarrollaron las variedades.

Una mesa de negociación sin consenso

En la reunión participaron representantes de Bayer, Corteva y Syngenta, además de integrantes de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Por el sector productor estuvieron las cuatro entidades de la Mesa de Enlace: la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina.

Las conversaciones se extendían desde hacía varios meses. Aunque el Gobierno había señalado previamente que existían avances, las propuestas debían ser aceptadas por las organizaciones y empresas involucradas. La falta de acuerdo dejó en suspenso la posibilidad de consensuar una reforma.

Las empresas semilleras reclaman un sistema que fortalezca el reconocimiento económico de la innovación genética y permita financiar nuevas investigaciones. Las entidades rurales, en cambio, advierten sobre el impacto que podrían tener las nuevas reglas en los costos de producción y en la posibilidad de reutilizar semillas de una campaña a otra.

Qué establece la ley vigente

La Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas contempla la figura conocida como “uso propio” o “excepción del agricultor”. Bajo determinadas condiciones, permite que un productor reserve parte de su cosecha para sembrarla nuevamente en su propia explotación.

El derecho no es ilimitado: entre otros requisitos, el agricultor debe haber adquirido legalmente la semilla original, conservar la trazabilidad de la variedad y destinar la reserva a su propia siembra. La normativa excluye la venta o el intercambio de esa semilla reservada bajo el régimen de uso propio.

El Gobierno busca modificar el sistema de protección de la propiedad intelectual de las variedades vegetales y avanzar hacia el Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La Argentina está adherida al Acta de 1978, que establece un marco diferente para los derechos de los obtentores.

Cacace sostiene que el régimen actual limita los incentivos para invertir en nuevas tecnologías. En declaraciones anteriores, el funcionario había estimado que las diferencias en materia de protección de la propiedad intelectual de las semillas representan para el país un costo de unos 6.000 millones de dólares. Esa cifra corresponde a una estimación atribuida al funcionario.

El peso de las multinacionales y de las empresas nacionales

La discusión no se limita a los intereses de los productores y de las compañías extranjeras. La Argentina también cuenta con empresas que desarrollaron una presencia importante en el negocio de la genética vegetal, como el Grupo Don Mario (GDM), nacido en Chacabuco en 1982 y convertido en un actor internacional del mercado de semillas.

La reforma podría modificar las condiciones en las que estas compañías desarrollan, comercializan y cobran por sus variedades. Por eso, el debate también involucra a los obtentores nacionales y a la distribución de los ingresos generados por la innovación genética.

Dentro de la propia Mesa de Enlace existen diferencias sobre el alcance que debería tener una nueva regulación. Mientras algunos sectores admiten discutir modalidades de uso propio con pagos y excepciones, otros mantienen su rechazo a la adhesión al Acta UPOV 1991.

El acuerdo con Estados Unidos suma presión

La discusión también está vinculada con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de propiedad intelectual dentro del acuerdo comercial con Estados Unidos. Entre los sectores alcanzados por esas negociaciones se encuentran el farmacéutico y el de las semillas.

En ese contexto, la falta de consenso entre el Gobierno, las empresas y las entidades agropecuarias agrega dificultades a una reforma que el oficialismo busca impulsar. La definición del régimen de propiedad intelectual es relevante tanto para las inversiones en investigación como para los costos que afrontan los productores.

El episodio atribuido a Cacace podría marcar un cambio en la estrategia oficial: pasar de una negociación orientada a construir un acuerdo entre las partes a avanzar con una propuesta respaldada por las empresas semilleras. Sin embargo, hasta que el Gobierno presente una iniciativa concreta, resta conocer qué cambios incluirá y cómo responderán las entidades rurales.