Diputados aprobó el plan de desendeudamiento familiar de San Luis
La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción por 30 votos a 9 al Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar. La iniciativa establece condiciones para refinanciar deudas en mora y contempla beneficios fiscales para las entidades que adhieran.

La Cámara de Diputados de San Luis dio este miércoles media sanción al Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, impulsado por el Gobierno provincial. La iniciativa fue aprobada por 30 votos a favor y 9 en contra y ahora deberá ser analizada por el Senado.
El proyecto establece un esquema de refinanciación para personas humanas con domicilio en San Luis durante al menos dos años y deudas en mora como consumidores finales.
La adhesión será voluntaria para bancos, entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, fintech y otras empresas autorizadas por el Banco Central.
Las deudas deberán registrar una mora superior a tres meses. Los planes deberán ofrecer un plazo mínimo de 24 meses, al menos dos meses de gracia y una cuota que no supere el 30% de los ingresos del grupo familiar.
La tasa nominal anual tendrá como límite la TAMAR más 10 puntos porcentuales y no podrán cobrarse gastos administrativos, comisiones ni honorarios por el otorgamiento de la refinanciación.
Entre las alternativas previstas aparecen quita de capital e intereses, reducción de tasas, extensión de plazos, períodos de gracia y bonificaciones por pago en término. También se podrán consolidar deudas contraídas con distintas entidades.
También podrán incluirse deudas de servicios públicos
Durante el tratamiento legislativo se incorporó una modificación que amplió el alcance del programa. Podrán incluirse deudas por servicios públicos de competencia provincial, en los casos en que las personas actúen como consumidores.
La modificación fue incorporada a partir de una propuesta de UPCN. Durante el debate, la diputada Eugenia Gallardo mencionó como ejemplo las obligaciones pendientes con Edesal.
A cambio de ofrecer estas condiciones de refinanciación, las entidades adheridas podrán acceder a beneficios tributarios. La Provincia podrá eximirlas de Ingresos Brutos y del Impuesto a los Sellos sobre las operaciones vinculadas con los planes.
Además, deberán implementar programas gratuitos de capacitación en administración financiera y prevención del sobreendeudamiento.
Incentivos para el consumo
El segundo eje del proyecto apunta a estimular el consumo en comercios de San Luis.
Las entidades que adhieran al programa podrán ofrecer descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras promociones para los consumidores.
Como incentivo, podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% del monto efectivamente otorgado mediante esos planes de estímulo al consumo.
Las críticas durante el debate
El proyecto recibió cuestionamientos del bloque Justicialista. El diputado Lucas Caymes sostuvo que el endeudamiento de las familias también está relacionado con la evolución de los ingresos y cuestionó que la propuesta se concentre en la refinanciación.
Durante su exposición, planteó que el desdoblamiento del pago de salarios y la pérdida del poder adquisitivo contribuyeron, según su interpretación, al crecimiento del endeudamiento.
Por su parte, la diputada Silvia Sosa Araujo cuestionó el nombre del programa y sostuvo que las deudas no desaparecen, sino que son refinanciadas.
“Acá no se le quita la deuda a nadie, tienen que pagarla”, afirmó.
La legisladora también puso en discusión la adhesión voluntaria de las entidades y los beneficios fiscales previstos por el proyecto.
Desde el oficialismo, Eugenia Gallardo defendió la iniciativa y destacó que busca generar condiciones para aliviar la situación financiera de las familias.
Qué falta para que sea ley
Con la aprobación en Diputados, el proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Senadores. Recién si obtiene sanción definitiva podrá convertirse en ley.
La iniciativa establece una vigencia inicial de un año desde su publicación oficial, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública.
