Villa Mercedes: una médica denunció que fue retirada de la guardia y llevada a una comisaría

La jefa de Guardia del Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, María Florencia Como, presentó una denuncia judicial por un episodio ocurrido mientras cumplía funciones en el hospital y que terminó con su traslado a la Comisaría Novena.

Según consta en su presentación, la médica sostiene que fue amenazada, intimidada y privada ilegítimamente de su libertad durante el procedimiento. También cuestionó la actuación de los efectivos que intervinieron y pidió que se investigue la participación que tuvieron los fiscales Marcelo Palacios y José Olguín.

El episodio se habría iniciado con la llegada al hospital de un hombre que presentaba un proyectil alojado en una de sus manos. De acuerdo con la versión que dio origen al procedimiento, la médica se habría negado a atenderlo.

Como sostiene en su denuncia, esa no fue la situación. Como asegura que nunca rechazó la atención del paciente, sino que en ese momento estaba ocupándose de otra persona cuya condición revestía mayor gravedad y requería atención inmediata.

El punto central de su planteo está relacionado con el triage, el sistema mediante el cual los profesionales de una guardia establecen prioridades de atención de acuerdo con la gravedad y el riesgo que presenta cada paciente.

Desde esa perspectiva, la demora en atender a una persona mientras se asiste una emergencia que implica riesgo para la vida no supone necesariamente una negativa de atención. La investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente en esos minutos y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la intervención policial.

Según la denuncia, el procedimiento terminó con la médica retirada de su lugar de trabajo y trasladada contra su voluntad a una dependencia policial, mientras la guardia continuaba funcionando con pacientes en el establecimiento.

Como calificó la actuación como abusiva, la médica pidió que se investiguen posibles delitos vinculados con apremios, privación ilegítima de la libertad y violencia institucional. Se trata, en todos los casos, de hechos denunciados que deberán ser corroborados durante la investigación.

La presentación también apunta a determinar qué intervención tuvieron los funcionarios judiciales que participaron del procedimiento y, en particular, qué actuaciones correspondieron a Palacios y Olguín.

Ambos fiscales intervienen en distintas investigaciones de relevancia en Villa Mercedes y ya habían trabajado conjuntamente en expedientes anteriores. Entre ellos aparece una causa relacionada con la muerte de un hombre baleado en diciembre de 2024.

Palacios, además, fue mencionado en otro expediente que tuvo como escenario al Poder Judicial provincial. En diciembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento desestimó una denuncia presentada contra el fiscal por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y extorsión. El organismo calificó aquella presentación como “infundada y maliciosa” y dispuso una sanción de 12 horas de arresto domiciliario para los abogados que habían formulado la denuncia.

Ese antecedente no determina ni anticipa ninguna conclusión sobre el episodio denunciado ahora, pero forma parte del contexto señalado en la nueva presentación judicial.

A partir de la denuncia, la investigación deberá establecer quién dispuso retirar a la médica de la guardia, bajo qué fundamentos y qué ocurrió durante el procedimiento.

También será necesario reconstruir la situación médica que se desarrollaba en ese momento, las indicaciones que recibió el personal policial y la intervención de los funcionarios judiciales, además de determinar si el procedimiento se ajustó a las normas legales y a los protocolos aplicables a una guardia hospitalaria.

Por ahora, el expediente parte de una denuncia y de versiones que deberán ser contrastadas con pruebas, testimonios y documentación. Será la Justicia la que determine si existió un delito, un abuso de autoridad o una actuación legítima por parte de los funcionarios intervinientes.

El caso adquiere especial relevancia por el lugar en el que ocurrió: una guardia hospitalaria en pleno funcionamiento. El eje de la investigación será determinar qué sucedió cuando una profesional debía establecer prioridades entre pacientes y si la intervención posterior sobre ella se ajustó a las reglas que rigen tanto la atención médica de urgencia como la actuación policial y judicial.