Acusaron a Juan Hernández por el crimen de Hugo “El Tuco” Orozco y pidieron 120 días de prisión preventiva

Juan Hernández, detenido este domingo después de permanecer más de tres meses prófugo, fue acusado este lunes de homicidio en ocasión de robo por el crimen de Hugo “El Tuco” Orozco, ocurrido en la ciudad de San Luis. La misma imputación recae sobre Benjamín Robledo, hijastro de Hernández, quien ya cumple prisión preventiva por 30 días.

La audiencia de formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, y se realizó ante el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes. Hernández se abstuvo de declarar y su defensora oficial, Nadia Agúndez, solicitó la prórroga constitucional de ocho días, pedido que fue concedido por el magistrado.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la noche del 7 de junio de 2026 en la vivienda de Orozco, ubicada en calle Intendente Aguirre Celi al 2100. En el lugar se encontraban la víctima, su pareja Feliciana Hernández —hermana del acusado— y el propio Juan Hernández.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los tres compartían bebidas y mantenían una conversación cuando se produjo la agresión. Assat sostuvo durante la audiencia que Hernández habría atacado a Orozco con golpes de puño y utilizando botellas que estaban sobre la mesa.

Según la acusación, luego de dejar a la víctima gravemente herida, Hernández habría sustraído un teléfono celular Motorola G23 y un parlante portátil antes de abandonar el domicilio.

La investigación también busca establecer qué ocurrió posteriormente con esos objetos. Para la Fiscalía, Hernández habría entregado el celular y el parlante a Robledo. El teléfono volvió a ser detectado cuando, según la acusación, Robledo le colocó su propio chip, lo que permitió a los investigadores seguir su trazabilidad hasta la zona del barrio Las Vegas. El aparato todavía no fue recuperado.

El parlante, en tanto, fue secuestrado cuando presuntamente intentaban venderlo.

Orozco fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde recibió atención por las graves lesiones sufridas. Debido a su estado debió ser internado y permaneció durante aproximadamente 20 días bajo tratamiento médico. Finalmente murió el 3 de julio como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de las complicaciones de las lesiones.

Para sostener la acusación contra Hernández, el fiscal enumeró distintos elementos reunidos durante la investigación. Entre ellos mencionó informes policiales, entrevistas a testigos, fotografías y pericias realizadas en la vivienda, documentación médica, la historia clínica y la autopsia.

Uno de los testimonios considerados centrales por la Fiscalía es el de Feliciana Hernández, pareja de Orozco y hermana del imputado, a quien el Ministerio Público señaló como testigo presencial del episodio.

Assat también sostuvo que todavía restan producir distintas medidas de prueba. Entre ellas se encuentran nuevas entrevistas, pericias relacionadas con el teléfono celular y una junta médica ampliatoria vinculada con la autopsia. Esta última medida busca precisar la evolución de las lesiones y establecer con mayor detalle el vínculo entre la agresión del 7 de junio y el fallecimiento ocurrido el 3 de julio.

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que Hernández permanezca detenido con prisión preventiva durante 120 días. El principal riesgo procesal señalado fue el peligro de fuga, debido a que el acusado habría permanecido prófugo durante más de tres meses hasta su detención en la zona del Puente de Donovan.

“El riesgo de fuga no es meramente hipotético”, sostuvo Assat al argumentar que la conducta posterior al hecho, según la Fiscalía, demuestra que Hernández habría intentado evitar el avance del proceso.

El fiscal también planteó un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación, particularmente por la situación de la principal testigo. Según expuso durante la audiencia, Feliciana Hernández habría denunciado amenazas posteriores al episodio y atribuido a su hermano una frase intimidatoria relacionada con lo ocurrido.

La defensa tendrá ahora el plazo de ocho días solicitado para analizar la acusación y los elementos reunidos por la Fiscalía. Una vez vencida esa prórroga, el juez deberá resolver la situación procesal de Hernández y el pedido de prisión preventiva.

La investigación continúa abierta y tanto la responsabilidad de Hernández como la de Robledo deberán ser determinadas en el marco del proceso judicial.