Poggi respaldó la baja de la imputabilidad y aseguró: “Los chicos no van a ir a la Penitenciaría”

El gobernador Claudio Poggi ratificó este miércoles su respaldo al nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y comenzó a regir el 5 de septiembre. El mandatario aseguró que está «totalmente de acuerdo» con la nueva normativa y explicó que San Luis trabaja junto con la Nación y el Poder Judicial para definir cómo se aplicará en la provincia.

«Lo primero que hay que ratificar es la plena concordancia con el régimen penal juvenil. Yo lo manifesté apenas se sancionó la ley. Estamos totalmente de acuerdo en la baja de imputabilidad a los 14 años», sostuvo Poggi.

El Gobernador explicó que la Nación reglamentó la normativa recientemente y que, a partir de ese paso, la Provincia comenzó a avanzar en conversaciones con el Poder Judicial para establecer los mecanismos necesarios para su aplicación.

Además, anticipó que San Luis está próxima a firmar un convenio de colaboración con el Gobierno nacional.

Uno de los principales puntos planteados por Poggi fue que los adolescentes no serán alojados en la Penitenciaría provincial destinada a adultos como regla general.

«Los chicos no van a ir a la Penitenciaría, primera regla general», afirmó.

Según explicó, las medidas deberán graduarse de acuerdo con la gravedad de cada caso y con las decisiones que adopten los jueces frente al conflicto del adolescente con la ley penal.

«Vamos a ir graduando en función a lo que los jueces gradúen en cuanto al conflicto con la ley penal, cuál es el tipo de sanción», señaló.

El nuevo régimen contempla distintas respuestas frente a los delitos cometidos por adolescentes, por lo que la aplicación de una sanción no implica automáticamente una medida de privación de libertad. La decisión dependerá de las circunstancias de cada caso y de la resolución judicial correspondiente.

En ese sentido, Poggi planteó que uno de los desafíos será establecer mecanismos de seguimiento para aquellos adolescentes que puedan permanecer en sus hogares con una medida judicial.

«Lo que sí no puede pasar es volver a la casa como si no hubiese pasado nada», afirmó.

Entre las alternativas que mencionó aparecen sistemas de control, custodia y dispositivos electrónicos.

«Volver a la casa con un sistema de control o custodia o inclusive tobilleras electrónicas», indicó el Gobernador al referirse a las opciones que están siendo analizadas junto con el Poder Judicial.

Poggi también contempló la posibilidad de que un juez determine, frente a un hecho de extrema gravedad, que corresponde una medida de privación de libertad. En ese escenario, sostuvo que la Provincia deberá contar con una alternativa específica para adolescentes y evitar su alojamiento en establecimientos penitenciarios destinados a adultos.

«Si es un delito extremo que requiera la privación de libertad por un tiempo, buscaremos la forma de qué sucede sin usar la cárcel», expresó.

La infraestructura necesaria para implementar el régimen es uno de los aspectos que todavía deberán definirse. Consultado sobre este punto, Poggi evitó anticipar cuál será el esquema definitivo y señaló que la Provincia observará cómo comienza a funcionar la nueva legislación tanto a nivel nacional como en otras jurisdicciones.

«Vamos a ver cómo empieza a rodar la ley. Vamos a empezar a ver cómo rueda a nivel nacional, cómo rueda en las demás provincias», manifestó.

El debate sobre la implementación del nuevo régimen también alcanza al sistema judicial y a los recursos disponibles para atender a adolescentes en conflicto con la ley penal. La aplicación requiere operadores especializados y dispositivos adecuados para cumplir con las medidas que dispongan los jueces.

Poggi, de todos modos, aseguró que San Luis está en condiciones de afrontar una eventual situación desde la entrada en vigencia de la normativa.

«Estamos en pleno de acuerdo y si hoy pasa un caso de eso, estamos preparados», concluyó.

La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil abrirá ahora una etapa de coordinación entre la Provincia, la Justicia y el Gobierno nacional, mientras deberán definirse los espacios, mecanismos de seguimiento y recursos necesarios para aplicar las distintas medidas previstas por la ley sin recurrir a las cárceles destinadas a adultos.