Causa Molino Fénix: dictaron prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel

La Justicia de San Luis ordenó este lunes la prisión preventiva por 60 días para la exdiputada provincial Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la administración de la Casa de la Música del Molino Fénix, en Villa Mercedes. Al mismo tiempo, el Ministerio Público Fiscal solicitó el desafuero del diputado provincial Joaquín Beltrán para poder avanzar con un eventual pedido de prisión preventiva.

La resolución fue adoptada por el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, después de una audiencia que se extendió durante siete horas. El magistrado hizo lugar a la ampliación de la formulación de cargos contra Anabela Lucero, Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres por los delitos de administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia.

Además, Lucero y Beltrán fueron señalados por la Fiscalía como presuntos jefes de una asociación ilícita, mientras que los restantes imputados fueron considerados, según la acusación, partícipes necesarios.

La investigación abarca hechos que, de acuerdo con la teoría del caso presentada por el fiscal de Instrucción Nº 3, José Olguín, habrían ocurrido entre 2020 y 2023 y ocasionado un perjuicio estimado en $900 millones a la Administración Pública.

Según la Fiscalía, los acusados habrían utilizado sus funciones dentro del Molino Fénix para disponer de fondos públicos en beneficio propio o de terceros mediante diferentes mecanismos que consideró irregulares. Entre ellos se encuentran presuntas contrataciones directas con empresas radicadas fuera de San Luis que no figuraban como proveedoras del Estado provincial y la contratación de firmas cuyos bienes o servicios no estarían relacionados con la actividad del complejo cultural.

Durante la audiencia también se hizo referencia al análisis de 116 cheques vinculados con las operaciones investigadas. Según lo expuesto por la acusación, solamente cuatro se encontraban en condiciones regulares.

La Fiscalía sostuvo además que entre los imputados habría existido un acuerdo con una división de funciones para concretar las maniobras investigadas. En ese contexto, mencionó la utilización de servicios y vehículos para la campaña electoral de Anabela Lucero y la existencia de una presunta red de pagos.

Otro de los episodios incorporados a la investigación es el supuesto vaciamiento de la Casa de la Música del Molino Fénix ocurrido el 9 de diciembre de 2023.

La acusación también incluye el presunto ocultamiento y destrucción de evidencia. Según el Ministerio Público Fiscal, ante el inminente cambio de gestión, a mediados de 2023 se habrían sustraído o destruido elementos que podían comprometer a los investigados.

Entre las situaciones mencionadas figuran la presunta destrucción de documentación contable en un horno de barro y el borrado de información de teléfonos celulares que, de acuerdo con la Fiscalía, habría sido realizado por Beltrán y Anabela Lucero.

El juez Ortiz dispuso que Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel permanezcan durante 60 días en el Servicio Penitenciario Provincial. Para fundamentar la medida, consideró que todavía quedan pruebas por producir, entre ellas pericias contables e informáticas y entrevistas destinadas a determinar la eventual participación de otras personas.

La situación de Beltrán es diferente debido a que actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados y cuenta con fueros parlamentarios. Por ese motivo, el magistrado señaló que no puede resolver sobre una eventual prisión preventiva hasta que se tramite previamente su desafuero.

La Fiscalía deberá enviar ahora un oficio a la Cámara de Diputados para iniciar ese procedimiento.

En el caso de Diego Torres, el Ministerio Público Fiscal no pidió prisión preventiva. El fiscal Olguín explicó que el imputado se presentó espontáneamente ante la Justicia y permaneció a derecho, por lo que consideró que no existe el mismo riesgo procesal que atribuye a los demás acusados.

Las defensas rechazaron la ampliación de los cargos y se opusieron a las prisiones preventivas. También plantearon medidas alternativas de coerción. Tras conocer la resolución, los abogados de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Scarel presentaron recursos de revisión.

La Fiscalía, por su parte, también recurrió la decisión, aunque por un motivo diferente: cuestionó el plazo de 60 días fijado para las medidas de coerción.

Durante la audiencia, Beltrán rechazó las acusaciones y se refirió a las auditorías, las facturas, los cheques y los circuitos de pagos investigados. Según su planteo, no existían perjuicios ni irregularidades en las contrataciones.

Anabela Lucero calificó la investigación como una persecución política y sostuvo que se trata de una causa con «maniobras oscuras» y personas perjudicadas.

Las defensas de los restantes imputados también cuestionaron la ampliación de los cargos. Entre otros argumentos, señalaron que las conductas atribuidas no estaban suficientemente individualizadas y que no se encontraban acreditados los elementos necesarios para configurar los delitos investigados.

La investigación continuará ahora con nuevas medidas de prueba. La Fiscalía anticipó que solicitará pericias adicionales sobre los teléfonos celulares secuestrados, debido a que podrían aportar información para determinar cómo se desarrollaron los hechos y la eventual participación de otras personas.