San Luis aprobó la reforma constitucional tras un fuerte cruce político
El Senado de San Luis aprobó por seis votos contra tres el proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución. La iniciativa limita los mandatos del gobernador, elimina las elecciones legislativas de medio término y propone cambios en la Justicia, mientras que el debate estuvo marcado por fuertes cruces entre Martín Olivero y Hugo Olguín.

El Senado de San Luis aprobó este martes el proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial, en una sesión marcada por un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y el bloque del PJ. La iniciativa obtuvo seis votos a favor y tres en contra, por lo que alcanzó los dos tercios necesarios para avanzar.
El proyecto, impulsado por el oficialismo de Ahora San Luis, deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados. Si consigue allí la mayoría requerida, se habilitará la elección de convencionales constituyentes, que tendrán a su cargo la discusión y redacción de las modificaciones.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la limitación de los mandatos del gobernador. La propuesta establece que ningún mandatario podrá ejercer más de dos períodos, sean consecutivos o alternados.
El proyecto incorpora, además, una cláusula que computa el actual mandato de Claudio Poggi como su primer período bajo el nuevo esquema. De esta manera, si el gobernador es reelegido en 2027, ese sería su último mandato al frente de la provincia.
La disposición generó uno de los principales cruces de la sesión. El senador oficialista Martín Olivero defendió la cláusula y sostuvo que Poggi acepta autolimitarse, mientras que el justicialista Hugo Olguín cuestionó que una Constitución incluya disposiciones que, según su interpretación, están vinculadas directamente con una persona.
«Una Constitución debe redactarse pensando en instituciones y no en personas», sostuvo Olguín al fundamentar el rechazo del bloque opositor.
Otro de los cambios propuestos es la eliminación de las elecciones legislativas de medio término. Diputados y senadores pasarían a renovarse íntegramente cada cuatro años, en coincidencia con la elección del gobernador.
La transición también provocó controversia porque los legisladores elegidos en 2025 tienen mandatos que originalmente finalizan en 2029. El proyecto contempla que la Convención Constituyente pueda extenderlos hasta 2031 para adecuar el calendario electoral al nuevo sistema.
Olivero defendió la modificación por el ahorro que supondría y por la posibilidad de reducir la denominada «fatiga electoral». Olguín, en cambio, advirtió sobre una eventual especulación política y cuestionó que se puedan extender mandatos que fueron otorgados por los votantes.
La reforma también contempla cambios en el funcionamiento de la Justicia. Entre ellos aparecen la separación del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, modificaciones al mecanismo de selección de magistrados y límites de edad para integrantes del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas.
El oficialismo sostiene que las modificaciones buscan fortalecer la independencia judicial y reducir la discrecionalidad en la designación de magistrados. El PJ cuestiona que el proyecto todavía mantiene atribuciones que podrían permitir al Poder Ejecutivo intervenir en el proceso de selección.
Durante el debate también hubo fuertes críticas cruzadas sobre los gobiernos de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Olivero cuestionó la permanencia prolongada del espacio en el poder y sostuvo que la reforma busca terminar con los personalismos y fortalecer las instituciones.
Olguín, por su parte, cuestionó el procedimiento utilizado para impulsar la reforma. Recordó que en 2024 la Legislatura había creado una comisión para analizar la conveniencia de modificar la Constitución, pero sostuvo que nunca llegó a funcionar ni produjo el diagnóstico previsto.
El senador justicialista reclamó además una mayor participación de partidos políticos, intendentes, gremios, empresarios, universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales antes de avanzar con una Convención Constituyente.
La autonomía municipal fue otro de los puntos planteados por la oposición. Olguín pidió actualizar las categorías de las localidades a partir del Censo 2022 y elevar al 20% la masa coparticipable destinada a los municipios.
El oficialismo respondió que durante el tratamiento en comisión participaron representantes del Superior Tribunal de Justicia, universidades y otros sectores. Olivero también cuestionó la participación de Olguín en las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que derivó en otro cruce durante la sesión.
En paralelo, el proyecto habilita a discutir modificaciones vinculadas con el uso del agua, la inteligencia artificial, educación, salud, discapacidad y otros aspectos institucionales y sociales.
La sesión también tuvo como particularidad la incorporación de Federico Trombotto al Senado provincial. El legislador asumió este martes después de una licencia de casi ocho meses, período durante el cual permaneció al frente del Ministerio de Desarrollo Sustentable.
Con los seis votos del oficialismo y los tres rechazos del PJ, el Senado dio así el primer paso formal para poner en marcha la reforma constitucional. Ahora la iniciativa deberá atravesar la Cámara de Diputados antes de avanzar hacia la eventual elección de los convencionales que tendrán la responsabilidad de definir los cambios.
