Millonaria indemnización tras comprobarse una causa armada en un crimen
Patricia Miriam Larroza estuvo más de dos años presa por una acusación que terminó derrumbándose en el juicio oral. La Justicia determinó que la investigación se apoyó en un testimonio falso y ordenó a la Provincia de Buenos Aires indemnizarla con $126,8 millones más intereses.
La Justicia bonaerense condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar con $126,8 millones, más intereses, a Patricia Miriam Larroza, quien permaneció más de dos años en prisión preventiva acusada de instigar el asesinato de su pareja. Durante el juicio oral, la fiscalía retiró la acusación al comprobarse que el principal testigo formaba parte de una organización dedicada a fabricar causas penales, por lo que la mujer fue absuelta.
El caso se originó tras el homicidio de Fabián Héctor Martínez, ocurrido el 5 de julio de 2013 en el partido de Moreno. La investigación sostuvo inicialmente que Larroza había entregado a la víctima a los autores del crimen, una hipótesis basada casi exclusivamente en la declaración de un testigo de identidad reservada.
A partir de ese testimonio, la Fiscalía N.º 3 de Moreno ordenó su detención en agosto de 2013. La mujer permaneció privada de la libertad bajo prisión preventiva hasta la realización del juicio oral.
Sin embargo, durante el debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 4 del Departamento Judicial Mercedes, la acusación perdió sustento. La fiscalía desistió de mantener los cargos después de que se acreditara que el testigo clave integraba una organización que montaba denuncias falsas para involucrar a personas en investigaciones penales.
En la sentencia absolutoria, los jueces señalaron que la investigación careció de corroboraciones mínimas sobre los dichos del testigo y que nunca se reunieron pruebas suficientes para sostener la imputación contra Larroza. Esa falta de evidencia llevó al tribunal a desvincularla definitivamente del crimen.
Tras recuperar la libertad, la mujer promovió una demanda por daños y perjuicios contra el Estado provincial. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes concluyó que la prisión preventiva resultó irrazonable y se mantuvo sin fundamentos probatorios sólidos, por lo que configuró una privación ilegítima de la libertad que debía ser reparada.
La indemnización fue fijada en $126.800.000, integrada por $100 millones en concepto de daño moral y $26,8 millones por incapacidad psíquica, además de intereses calculados desde el 26 de agosto de 2013, fecha en la que Larroza fue detenida.
Al fundamentar el monto, el tribunal tuvo en cuenta el impacto que la detención produjo en la vida personal y familiar de la demandante. La sentencia destacó que era madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad al momento de los hechos, y que uno presentaba una discapacidad severa que requería cuidados permanentes, circunstancias que agravaron las consecuencias de la privación de su libertad.
